Precariedad habitacional y seguridad privada en Europa: el caso de las empresas anti-okupa

La vulneración del derecho a la vivienda en Europa y la falta de políticas públicas que lo protejan, tiene como consecuencia formas de acceso precarias a la vivienda, como son las ocupaciones. Se trata de vías de acceso a la vivienda que no son nuevas ni necesariamente idénticas, sino que de alguna forma siempre han existido, pero remontan en situaciones de crisis habitacional fuerte. Últimamente se habla bastante de ello, tanto desde las administraciones como desde los medios de comunicación. A menudo partiendo de una perspectiva sesgada y estigmatizadora.

El informe "Precariedad habitacional y seguridad privada en Europa: el caso de las empresas anti-okupa" trata de contribuir a abordar esta realidad teniendo en cuenta que el problema central es la precariedad habitacional, promoviendo la protección de los derechos de las más vulnerables y previniendo la explotación económica de la vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda.

Este trabajo pretende analizar el desarrollo de empresas anti-okupa en Europa, el contexto legal, las formas de actuar y las consecuencias en materia de derechos, con un enfoque comparado. La idea del informe es comparar el fenómeno de la empresa española de desalojos extrajudiciales Desokupa con el desarrollo de otras empresas privadas "anti-okupa" en el resto de Europa. El derecho a una vivienda adecuada supone un disfrute pacífico y seguro del alojamiento, independientemente del tipo de vivienda que se disponga. Pero en un contexto de crisis de acceso a la vivienda se multiplican los intentos de supervivencia, y a menudo se recurre a las ocupaciones o a la aceptación de contratos precarios para acceder a una vivienda. Así, lejos de ser antinómicos, el ocupante y el guardia anti-okupa son dos figuras "gemelas" de la exclusión de una parte de la población del mercado de la vivienda.

En esta publicación no se reflexiona sobre la legitimidad o problemáticas de las ocupaciones, ya que las implicaciones de las empresas anti-okupa van mucho más allá. La hipótesis de partida es que el objetivo de impedir ocupaciones es conservar el valor de cambio de un bien inmobiliario manteniéndolo vacío y en buen estado. En otras palabras, contribuye a desviar la función social de la vivienda y a favorecer la especulación inmobiliaria, al mismo tiempo que crea condiciones de vulnerabilidad habitacional.

Su estructura es la siguiente: en primer lugar se relata el contexto general de crisis de la vivienda en Europa y la evolución de la legislación que ha permitido el desarrollo de empresas anti-okupa como Camelot y Desokupa. Después se presentan estudios de casos sobre el funcionamiento de las empresas de desahucios extrajudiciales y las agencias de protección de propiedades en España, los Países Bajos, el Reino Unido y Francia. Finalmente, se mencionan las consecuencias de estas prácticas sobre el derecho a la vivienda y cómo se organiza la respuesta de la ciudadanía ante esta nueva forma de vulneración de derechos. A modo de epílogo el informe incluye un breve apartado de recomendaciones.