En el marco del Día Mundial del Derecho a la Alimentación, el Observatorio DESC, Entrepueblos y Educación por la Acción Crítica–GIDHS avanzamos algunos de los resultados del Informe sobre el Derecho a la Alimentación en Catalunya que se presentará a finales de año.

LOS RECORTES SOCIALES VULNERAN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA

El informe reclama la necesidad de un giro a las políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades alimentarias, con el fin que abandonen enfoques asistencialistas y paliativos y aborden las causas estructurales de la malnutrición. Tener acceso a una alimentación saludable y suficiente es un derecho inherente a la dignidad humana que en ningún caso puede ser ignorado por las administraciones públicas que tienen la obligación de garantizarlo.

Las elevadas cifras de paro y pobreza en Cataluña, y las consecuentes deficiencias alimentarias de muchas familias exigen reformas estructurales para evitar la exclusión social. No obstante, la respuesta de la Generalitat de Cataluña han sido medidas como la reducción en dos millones de euros de las becas comedor o la restricción del acceso a la renta mínima de inserción (RMI), que ha dejado, entre 2011 y 2012, 7.000 hogares sin esta prestación. Además las modificaciones restrictivas a la ley de dependencia hacen que el trabajo de los cuidades, entre ellos la alimentación, recaiga progresivamente en el espacio privado, y muy especialmente en las mujeres.

La regresividad de estas políticas vulnera los compromisos adquiridos a nivel internacional de protección del derecho a la alimentación.
 

LAS VULNERACIONES DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN EL MUNDO LOCAL

En los dos estudios de caso del informe realizados en los distritos de Ciutat Vella y Nou Barris, en la ciudad de Barcelona, se han realizado entrevistas a más de veinte entidades de los districtos barceloneses que gestionan ayudas alimentarias. La falta de información y diagnóstico por parte de los ámbitos institucionales de atención a las personas impide hacer un análisis global de las necesidades alimentarias y de la situación de vulnerabilidad de la población. Esta carencia dificulta la actuación coordinada de las diferentes entidades y asociaciones, a pesar de la implicación en el ámbito alimentario de numerosos proyectos de barrio y comunitarios.

También se ha verificado que la compactación de los horarios en los centros de educación secundaria, ya en el curso 2012-2013 se aplicó a todos los centros de Ciutat Vella como confirmamos con la Regidoria del Distrito, ha supuesto una exclusión directa de las becas comedor de los estudiantes que podian acceder a ellas.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A través de las entrevistas, el informe documenta que las políticas públicas de atención a personas empobrecidas desconocen las necesidades alimentarias de la población, puesto que la entrega de alimentos se orienta más bien a compensar los excedentes de la producción industrial más que a combatir la malnutrición. Esto significa desaprovechar recursos que mediante la compra pública podrían dinamizar la producción y el mercado local para satisfacer las demandas alimentarias, donde además se genera ocupación y alimentación saludable y de calidad. A su vez, se desestiman propuestas como la renta bàsica de acceso universal que superaria las enormes limitaciones del ingreso de inserción, al tratarse de una renta que se reconoceria a toda persona de forma incondicionada.

Las políticas públicas en materia de alimentación no pueden consistir por tanto, en recortar ayudas por un lado (becas comedor, RMI) y por el otro, en delegar la gestión de las ayudas a entidades privadas. Garantizar el acceso a una alimentación saludable y en especial a la población en situación de vulnerabilidad es una obligación que las administraciones públicas no pueden rehuir.