Junts y PSOE acuerdan recuperar la moratoria antidesahucios gracias, en parte, a la presión de los movimientos sociales
Pedro Sánchez anunció ayer un acuerdo con Juntos para mantener las medidas del escudo social: el bono social eléctrico, las ayudas al transporte y por las afectadas por la DANA y la moratoria antidesahucios. No obstante, esta última viene con letra pequeña: a cambio de evitar una oleada masiva de expulsiones el PSOE ha aceptado crear una nueva línea de avales a propietarios que alquilen a familias vulnerables o jóvenes a modo de compensación.
A pesar de todo, celebramos que finalmente se haya impuesto el sentido común y se haya rectificado la negativa de Junts, en parte gracias a la presión de las entidades y movimientos sociales en la calle, que visibilizaron la situación de 58.000 familias vulnerables en todo el Estado que, a pesar de que algunos lo nieguen, han podido quedarse en su casa gracias a este escudo social.
No obstante, la imposición de esta línea de avales genera más dudas que certezas y se encuentra pendiente de desarrollo reglamentario. Si bien estas garantías solo se aplicarán a contratos de alquiler con precios que no superen el índice estatal de referencia, la realidad es que no se diferencia entre pequeños y grandes tenedores de vivienda. Entre estos últimos se encuentran empresas especuladoras, bancos y fondos buitre, que se volverían a beneficiar de una nueva transferencia de dinero público a manos privadas sin que se hayan negociado contraprestaciones, como la obligación de ofrecer alquileres sociales en caso de desahucio. En este sentido, recordamos que ya advertimos que la moratoria ya contempla un mecanismo de compensación para los propietarios que no pueden desalojar a familias vulnerables: todo ello, un gasto público desmesurado que beneficia –de nuevo- a muchos grandes tenedores de vivienda.
Desde la sociedad civil lo tenemos claro: además de recuperar esta medida, es urgente que el gobierno del PSOE y Sumar amplíe los efectos de esta moratoria para que se cubra el total de desahucios de familias vulnerables -hasta el momento ha protegido el 25% del total- y haga que esta medida sea permanente.
También es urgente que las Comunidades Autónomas desarrollen y pongan en marcha el sistema de intermediación previsto a la Ley de Vivienda que responda a su finalidad: ofrecer respuestas adecuadas a las personas que se encuentran en una situación de desahucio. Por último, hace falta que este escudo social venga acompañado de medidas valientes y estructurales para garantizar el realojo digno de las familias vulnerables, así como un incremento decidido y continuado del parque público de vivienda, ya sea mediante la cesión de los pisos de la SAREB o la compra de viviendas a través del derecho de tanteo y retracto.
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