Foto: Paco Rives Manresa / Flickr

Ayer los grupos parlamentarios de Junts, el Partido Popular y la ultraderecha del Congreso de los Diputados han votado en contra de la convalidación del decreto ley 9/2024, un texto que contenía, entre otras medidas, la ampliación de la moratoria de desahucios durante todo el año 2025. Poco antes de acabar 2024 el gobierno español aprobó, gracias a la presión de los movimientos sociales, una nueva prórroga de la moratoria antidesahucios, una medida integrada dentro del llamado “escudo social” y que mantenía suspensos los procesos de expulsión de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de este 2025. Ahora, debido a esta votación de las derechas, esta protección queda sin efecto, dejando a miles de familias vulnerables en riesgo de quedarse en la calle durante los próximos meses. No ha sido la única medida que ha caído: se ha revertido la subida de las pensiones, se eliminan las ayudas al transporte público y al pago de las facturas eléctricas; además de dejar sin efecto las ayudas en los municipios afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana.  

Si bien esta moratoria era limitada para parar la situación de emergencia social que sufrimos, lo cierto es que estaba funcionando. Precisamente, a principios de diciembre desde el Observatorio DESCA, acompañadas de la PAH, presentamos ante el Congreso y en compañía de los diferentes grupos parlamentarios, un informe con datos inéditos sobre sus efectos: gracias a la moratoria, se habrían parado un total de 58.000 desahucios de familias vulnerables en todo el estado, un 25% del total de los lanzamientos practicados entre el 2020 y el 2024. También alertamos que las administraciones públicas son incapaces de realojar las familias, tan solo aportando una alternativa definitiva en el 3% de los casos y un alojamiento temporal solo en el 2% de los casos.  

Por otro lado, es difícil entender por qué Junts, que dice defender los intereses de Cataluña, ha votado en contra de una medida que ha evitado que casi 10.000 familias catalanas se queden en la calle.  

Las consecuencias de esta votación son muy graves para la protección del derecho a la vivienda y por la garantía de los derechos humanos. A partir de ahora y si no se enmienda legalmente, se podría solicitar al Juzgado la ejecución de los miles desahucios suspendidos. Hoy, desgraciadamente, se ha privado a la ciudadanía de medidas vitales para garantizar sus derechos fundamentales. 

La única manera de evitar una auténtica oleada de desahucios -que suponen una grave problemática social que hasta ahora los poderes públicos no han querido afrontar- es aprobar de nuevo y de forma inmediata la medida a través de un Consejo de Ministros por vía de urgencia esta misma semana, recuperándola para seguir protegiendo las personas y familias en riesgo de perder su vivienda habitual.  

Además, para blindar estas medidas tan imprescindibles en el futuro el Gobierno de coalición tendría que aprobar separadamente cada una de las medidas, para evitar que los tacticismos políticos pongan en riesgo la protección de derechos fundamentales como el derecho a la vivienda.  A la vez, PSOE y Sumar tendrían que ampliar las situaciones amparadas y convertir la moratoria en una medida permanente, reforzándola con otras medidas como por ejemplo utilizar las viviendas de la SAREB para realojar a las familias que pierden su hogar.  

Así mismo, nos sumamos a la convocatoria de protestas de rechazo que hoy mismo ha hecho pública la PAH a nivel estatal y animamos a la ciudadanía a asistir. La Plataforma ha convocado una concentración hoy 23 de enero a las 17:30h ante la sede de JuntsxCat en Pasaje Bofill n.º 11 de Barcelona.