Los gobiernos alrededor del mundo recomiendan (y muchos obligan, bajo pena de multa) que los ciudadanos se queden en casa para evitar que se extienda el coronavirus. Siendo así, la Relatora urge la adopción de medidas para impedir que nadie se quede sin hogar y para asegurar el acceso a una vivienda adecuada a las personas que ya se encuentran en esta situación.

Farha afirma estar especialmente preocupada, por un lado, por aquellas personas que están viviendo en refugios de emergencia, en la calle, o en asentamientos informales, y de la otra, por aquellos que se están quedando sin trabajo o perdiendo capacidad económica. Situaciones que podrían derivar en retrasos en los pagos de las hipotecas y de los alquileres y, consecuentemente, en desahucios.

La Relatora celebra algunas de las buenas prácticas que ya han empezado a adoptar algunos países para garantizar el derecho a la vivienda, como moratorias en los desahucios provocados por los retrasos en el pago de los alquileres y hipotecas, aplazamientos en el pago de las hipotecas de aquellos afectados por el virus, extensiones en las prohibiciones de cortes de suministros en asentamientos informales en situación de desahucio y una mejora del acceso a la salud y a los refugios de emergencia para las personas sin hogar.

A pesar de esto, resalta que estas medidas resultan insuficientes y anima a los estados a ir más lejos. Considera que para proteger el primer grupo de personas especialmente vulnerables los estados deben poner fin a todos los desahucios; deben proveer alojamiento de emergencia con servicios para todos aquellos afectados que tengan que ser aislados; deben asegurar que la implementación de medidas de contención como, por ejemplo, el toque de queda, no acaben implicando un castigo para nadie por causa de su situación habitacional; i deben promover el acceso igualitario a las pruebas y al sistema sanitario así como alojamiento adecuado, cosa que puede requerir la implementación de medidas extraordinarias incluyendo, entre estas, el uso de espacios vacíos o abandonados y la puesta a disposición de alquileres a corto plazo.

En relación con el segundo grupo, la Relatora afirma que los estados deberían proveer asistencia financiera directa para los alquileres y las hipotecas, introducir medidas de reducción o estabilización de los alquileres y, por lo menos durante la pandemia deberían suspenderse los costos de los suministros y los recargos.

La Relatora aprovecha para hacer una crítica a la gestión de la crisis económica de 2008 y advierte del riesgo que supone que los actores financieros globales utilicen la pandemia para dominar el mercado de la vivienda sin ningún tipo de consideración por los derechos humanos como hicieron entonces, e insta a los estados a prever practicas para evitarlo.

De estas medidas, de momento en España se ha aprobado la moratoria sobre las hipotecas a contratos de préstamo o de crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuando el deudor se encuentre en situación de vulnerabilidad según los supuestos establecidos en el propio Decreto 8/2020. Sin embargo, colectivos en defensa de la vivienda como El Sindicat de Llogateres ya han empezado a abogar para que esta se haga extensiva a los alquileres.