"España tendría que avanzar en materia de derechos sociales, garantizar mejor las libertades de reunión y expresión y proteger los derechos humanos de refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes", así de contundente se ha expresado Dunja Mijatovic, Comisaria de Derechos Humanos al Consejo de Europa, en una primera valoración después de reunirse con varias entidades sociales del Estado en un proceso de recoger información que culminará en un informe que se publicará el próximo mes de enero.

Los Derechos Humanos en España, a examen

La Comisaria está valorando varios ámbitos, desde la protección de la libertad de expresión hasta la sanidad. En el caso de la vivienda ha valorado la emergencia habitacional actual: "la vivienda no tendría que ser considerado un lujo que solo esté al alcance de algunas personas. El acceso a un hogar digno es un derecho humano clave en la articulación y ejercicio del resto de derechos", destacó. Problemas de largo recorrido, como el minúsculo parque público de vivienda consecuencia de la carencia de inversión, los altos precios de los alquileres, los desahucios y los incrementos del sinhogarismo, asegura Mijatovic, tienen que ser abordados urgentemente: "La suspensión temporal de los desahucios de familias vulnerables por el covid-19 tiene que extenderse hasta que se encuentre una alternativa habitacional para todas aquellas personas que lo necesiten. Asimismo, la Comisaria urge al gobierno español que apruebe la Ley de Vivienda - impulsada desde diferentes colectivos, entre ellos el Observatorio DESC- puesto que es la clave para dar respuesta a algunos de los problemas mencionados.

Por otro lado, la Comisaria ha destacado la necesidad de reforzar el acceso a una sanidad pública y de calidad en todo el territorio. Ha notado que las diferencias entre Comunidades Autónomas son particularmente notables en la provisión de servicios médicos de calidad, entre otras razones por la predominancia de las clínicas privadas en algunas regiones. "La financiación insuficiente se nota principalmente en la Atención Primaria. En muchos lugares el personal médico está agotado y superado. Las condiciones de trabajo también son un asunto a abordar, sobre todo porque el sector de la salud abusa de los contratos de corta duración", ha sentenciado. EL alta mortalidad en las residencias de gente mayor durante la crisis de la covid-19 en algunas Comunidades Autónomas tiene que ser investigada y tiene que contar con la participación de las familias de las víctimas. La Comisaria ha visto con buenos ojos la iniciativa de las autoridades de reformar el sistema de salud para las personas grandes y espera que las nuevas medidas se basen en una atención integral, que englobe aspectos sociales y de salud, y que aseguren el respecto a la dignidad, la autonomía y la independencia de estas personas.

En relación a los derechos sexuales y reproductivos, Mijatovic destaca que "España está tomando medidas importantes para mejorar los derechos y la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas. Es importante que se asegure que al diferencias entre CCAA no impidan su aplicación. Permitir el acceso al aborto, entre otras, a jóvenes de 16 años es un buen comienzo. Asimismo insiste en que la nueva ley tiene que reforzar la educación sexual en las escuelas, expandir el acceso a métodos anticonceptivos modernos y regular las diferentes formas de violencia obstétrica durante el embarazo y el parto, poniendo el consentimiento informado de las mujeres en el centro.

Así mismo la Comisaria se ha preocupado porque la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 sigue teniendo efectos negativos en el ejercicio de las libertades de expresión y manifestación, especialmente para personas defensoras de derechos y periodistas, creando un clima represivo en la sociedad. La imprecisión en la redacción de esta ley da amplio margen a las fuerzas de seguridad para imponer sanciones y esto permite aplicarla de forma arbitraria y desproporcionada. "No hay seguridad real sin derechos humanos. La mejor manera de asegurar la seguridad de la ciudadanía es proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluidos los derechos relativos a la libertad de expresión y reunión", ha destacado la Comisaria, añadiendo que la revisión que se hizo de la Ley Mordaza en 2015 tendría que aprovecharse para hacer que la ley española siga los estándares europeos e internacionales. La Comisaria ha expresado preocupación por las acusaciones de uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de los cuerpos policiales, el uso ilegítimo del material antidisturbios y la carencia de identificadores numéricos visibles de los agentes, especialmente durante las manifestaciones. Todas las acusaciones de abuso policial tienen que ser investigadas y llevadas a los tribunales. Además, el sistema de control sobre los cuerpos policiales tiene que revisarse y adecuarse, así como el mecanismo de imposición de sanciones y medidas coercitivas. 

En cuanto a los derechos humanos de las personas refugiadas. solicitantes de asilo y migrantes, la Comisaria celebra las medidas adoptadas para la protección y la acogida de las personas que huyen de la guerra en Ucrania. También se han hecho medidas para mejorar las condiciones de acogida en las Islas Canarias y se han destinado más fondo para garantizar una protección y acogida adecuada de los y las menores no acompañados. Sin embargo, el acceso a los derechos y la protección varía significativamente en todo el país y continúa siendo muy difícil acceder para muchos refugiados y solicitantes de asilo. Los problemas incluyen largos periodos de espera para acceder en el procedimiento de asilo, retrasos en la identificación de vulnerabilidades especiales y obstáculos para acceder a los derechos sociales, incluidos la vivienda y la salud.

A partir de las conclusiones de sus conversaciones a Madrid y Melilla, Mijatovic concluye que no hay un acceso real y efectivo al asilo en la frontera entre Nador, en Marruecos, y Melilla. “A la práctica, parece que no hay ninguna otra manera de entrar a Melilla y buscar protección en las autoridades competentes que no sea nadando o saltando la valla, arriesgando la vida. Esta situación se tiene que abordar de manera integral para garantizar que las personas que necesitan protección puedan acceder en el territorio por vías legales y seguras”. Además, para garantizar un enfoque compatible con los derechos humanos, es esencial la cooperación con el ACNUR y las organizaciones relevantes de la sociedad civil que trabajan en la protección de los refugiados y los solicitantes de asilo.

En cuanto a los hechos en el contexto del intento de cruzamiento de la frontera entre Nador y Melilla el 24 de junio de 2022, donde al menos 23 personas murieron y muchas otros resultaron heridas, la Comisaria felicitó la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía General y del Síndic de Greuges, subrayando la importancia de la rendición de cuentas plena y eficaz de los responsables de cualquier violación de los derechos humanos. Mijatovic se mostró preocupada por las conclusiones preliminares del Defensor del Pueblo español, que constata que aquel día 470 personas fueron devueltas en el Marruecos sin mediar ningún trámite legal. "A pesar de que todos los estados tienen derecho a controlar sus fronteras y a participar en la cooperación con otros estados para hacerlo, esto se tiene que hacer en el pleno cumplimiento de todos los estándares internacionales de derechos humanos aplicables", ha dicho. España, como otros estados miembros del Consejo de Europa, no tendría que contribuir directa o indirectamente a las violaciones de los derechos humanos mediante las medidas adoptadas para implementar su cooperación migratoria con terceros países. La situación en las fronteras entre Marruecos y España demuestra una vez más la necesidad urgente de mejorar las medidas de responsabilidad y solidaridad entre los estados miembros del Consejo de Europa.

“España ha hecho importantes esfuerzos para avanzar en la protección de los derechos sociales en los últimos años. Las reformas legislativas cruciales, actualmente pendientes en el Parlamento, ofrecen una oportunidad para alinear la legislación española con los estándares internacionales y europeos de derechos humanos, incluido en el ámbito de las libertades de expresión y reunión, y se tienen que adoptar sin demora. Sin embargo, queda mucho para hacer para garantizar el acceso a los derechos de los más vulnerables y proteger los derechos de los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes", ha afirmado.

A pesar de que la comisaria celebra la ratificación de la Carta Social Europea revisada y su mecanismo de denuncias colectivas en 2021, ha subrayado que para abordar las desigualdades en el acceso a los derechos sociales en todo España, las autoridades tendrían que asignar los recursos de manera transparente y sostenible y adoptar estándares comunes para garantizar, en colaboración estrecha con todas las autoridades competentes a nivel central y local, para satisfacer las necesidades específicas de los más vulnerables. “La participación ciudadana en la toma de decisiones es fundamental para diseñar políticas sociales de acuerdo con las necesidades de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser consultadas e implicadas de manera proactiva en todas las etapas", concluye.

Durante su visita, la comisaria se reunió con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Meritxell Batet Lamaña, la ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá Belmonte; y el ministro de Asuntos exteriores, José Manuel Albares Bueno. También se ha reunido con la secretaria de Estado de Salud, Silvia Calzon Fernández; la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de género, Ángela Rodríguez; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y el secretario de Estado de la Unión Europea, Pascual Ignacio Navarro Ríos. En Melilla se ha reunido con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh; el alcalde de Melilla, Eduardo de Castro; y altos cargos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. También ha visitado el perímetro fronterizo, incluido el paso de Beni Enzar y Barrio Chino, así como la Oficina de Asilo y Refugiados, el Centro de Niños Migrantes no acompañados La Purísima y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). El comisario también se reunió con el Defensor del Pueblo. También mantuvo reuniones con la sociedad civil y organizaciones internacionales.  

Más abajo podréis encontrar el informe con las consideraciones que hemos hecho, desde el Observatorio DESC, relativos a la justiciabilidad y que hemos entregado a la Comisaria.