Barcelona, 15 de febrero de 2013

La aceptación a trámite de la ILP en favor de la dación en pago por parte del Congreso de los Diputados constituye un hecho político y social de la mayor importancia. Representa una primera victoria de la movilización popular ante la injusticia intolerable que significa el desahucio y la ruina de miles de familias para satisfacer la codicia de un sistema financiero que, tras haber provocado una devastadora crisis económica, ha sido rescatado con caudales públicos. Pese a la ventana de esperanza es preciso que la ciudadanía permanezca vigilate para que el procedimiento parlamentario que comienza no diluya las exigencias, mínimas e irrenunciables, planteadas por la ILP: la dación en pago retroactiva, la moratoria inmediata sobre las expulsiones, el acceso al alquiler social.

Hay que ser conscientes de la gravedad del momento. Sin duda, en el giro de última hora de los partidos mayoritarios, emperrados en bloquear la ILP, han pesado la movilización social y la conmoción causada en la opinión pública por los suicidios de estos últimos días, escalofriante indicador del drama que estamos sufriendo. Es urgente que desde las administraciones más cercanas se traslade a la ciudadanía un mensaje inequívoco de solidaridad mediante la adopción de medidas enérgicas, a la altura de las circunstancias.

Es con este espíritu, a la vez exigente y de propuesta, que hemos acudido el 13 de febrero a la Comisión Mixta sobre lanzamientos, espacio de encuentro promovido por el Ayuntamiento de Barcelona que reúne a representantes de diferentes estamentos, desde la judicatura hasta a los movimientos vecinales, pasando por la misma administración municipal. Celebramos la existencia de esta comisión, del mismo modo que nos congratulamos del apoyo del Ayuntamiento a la recogida de firmas a favor de la ILP. Justamente ayer, la Comisión recibía datos fehacientes, confirmando un extremo que, de manera empírica, ya veníamos constatando en nuestros barrios: el crecimiento exponencial de los desahucios por impago de alquiler – en Barcelona, no menos de 400 al mes en el último periodo.
 

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