Por Ada Colau*

El passat mes de maig, membres de l’Observatori DESC de Barcelona vam assistir al III Encontre Nacional dels Comitès de Terres Urbanes, a Maracaibo. Vam ser convidats en qualitat d’observadors, juntament amb altres organitzacions d’Amèrica Llatina com el Moviment d’Ocupants Inquilins (MOI) i la Federació de Terra i Habitatge (FTV) d’Argentina, La Federació Unificadora de Cooperatives d’Habitatge per Ajuda Mútua (FUCVAM) de l'Uruguai i la Secretaria Llatinoamericana d’Habitatge Popular (SELVIP).

(a continuació en castellà)

Los barrios o asentamientos urbanos populares

Con 23.054.210 de habitantes según el último censo del INE, en Venezuela algo más de la mitad de la población vive en asentamientos urbanos populares, conocidos también como “barrios”, formados por casas autoconstruidas en terrenos ocupados, propiedad de privados o pertenecientes al Estado. Se estima que hoy día alrededor de 14,3 millones de habitantes viven en estos asentamientos, ocupando aproximadamente unas 170.000 ha.1
Además de ser asentamientos precarios, sin posesión legal del suelo, suelen ubicarse en terrenos inestables, con servicios inexistentes o deficitarios en materias esenciales como son acceso al agua, a la salud, a la educación o la recogida de basuras. Respecto a otras zonas de las ciudades, son las que concentran un mayor índice de desocupación y pobreza. Durante décadas “a la negación material le acompaña la negación simbólica: los barrios no son representados en las imágenes de la ciudad, no aparecen en sus mapas, no son registrados en los catastros y censos, no se cuentan en sus crónicas, no son considerados a la hora de inventariar su patrimonio. Los barrios no existen en la retórica de la ciudad, salvo como peligro o anomalía.”2

El Decreto 1666 y los Comités de Tierras Urbanas

Sin embargo, los barrios empiezan a cobrar protagonismo político a partir de 1998, con la victoria electoral de Hugo Chávez y el inicio del llamado “proceso bolivariano”. En este contexto, en febrero de 2002 se da un punto de inflexión en la política habitacional con la promulgación del decreto 1666 que, además de reconocer a los barrios como parte de la ciudad, inicia el proceso de regularización de la tenencia de la tierra urbana, promueve la rehabilitación integral de los asentamientos populares y somete a discusión pública un proyecto de ley, con el fin de dotar dicho proceso de una base legal más sólida. Para el desarrollo del proceso de regularización y como sujeto para impulsar la consulta legislativa, el decreto también crea los Comités de Tierras Urbanas (CTU).
Este es uno de los aspectos más interesantes del decreto, ya que hace que los sujetos destinatarios de las políticas de regularización y rehabilitación (los pobres, los hasta ahora excluidos) sean agentes propulsores y ejecutores de las mismas. Es decir, el CTU es la formalización legal que permite a la asamblea de vecinos de una comunidad participar en la definición de las poligonales urbanas, el levantamiento catastral, decidir sobre planes y proyectos, validar una posesión, elaborar la “Carta del Barrio, como instrumento de reconocimiento del barrio suscrito en forma colectiva por los vecinos”, participar en la discusión del proyecto de futura Ley de Regularización de la Tierra, etc. Así, con la creación de los CTU, no sólo se reconoce las comunidades ya existentes y su derecho a regularizar la tenencia de la tierra en la que habitan, sino que se avanza en experiencias de participación, autogobierno y democratización de la ciudad.
Cada CTU tiene una adscripción territorial específica que no puede superar las 200 familias, reflejando una unidad no sólo espacial, sino también social y comunitaria. En la actualidad hay casi 7.000 CTU constituidos a nivel nacional, lo que se calcula que significa más de millón y medio de familias organizadas y más de siete millones y medio de habitantes organizados.

Más allá de la regularización de tierras

Allí donde se han constituido, los CTU van mucho más allá del proceso de regularización de tierras, superando la voz de afectado para devenir agente político con un planteamiento global de ciudad donde no haya excluidos: hablan de” rehabilitación integral”, “transformación urbana” y “derecho a la ciudad”, elaborando propuestas políticas en materia de hábitat como la democratización del suelo, la creación de nuevas comunidades, la planificación participativa, entre otras. Además, trabajan conjunta y solidariamente con otros colectivos en el marco del “movimiento de pobladores”, como son las redes de inquilinos (cuya lucha se centra en parar los desalojos, que se producen a menudo y sin el respeto de las mínimas garantías) y el movimiento de conserjes (unas 2000 familias organizadas que trabajan custodiando los edificios: una vez que finaliza su contrato de trabajo, se encuentran sin trabajo y sin vivienda).

Otro debate importante abierto por los CTU es sobre las modalidades de la titularidad de la tierra. Conseguir títulos de propiedad ha sido esencial para las comunidades, ya que permite erradicar el peligro de desalojo y lograr financiación para poder mejorar la vivienda. Pero más allá de la seguridad jurídica en la tenencia, los CTU responden a comunidades con un fuerte sentimiento de arraigo que priorizan el cuidado de la identidad urbana y cultural del barrio. Por ello, algunas comunidades han empezado a ensayar fórmulas de propiedad colectiva, de manera que se garantiza a las familias la posesión del inmueble que habitan, pero la propiedad reside en una asociación constituida por la totalidad de las familias del barrio. Esta asociación regula el espacio y autoriza las ventas o arrendamientos, como medida para preservar los intereses colectivos y enfrentar la amenaza de desalojo indirecto que puede suponer la presión del mercado inmobiliario.

Tensiones institucionales

A pesar de que formalmente los CTU nacen con el Decreto presidencial 1666, el hecho de que estén constituidos por comunidades que existían previamente y que ya luchaban por su reconocimiento, les da un marcado carácter autónomo e independiente de las instituciones. Sin duda abundan los simpatizantes con el gobierno, pues se reconoce en el Presidente Chávez a quien ha dado voz y protagonismo a los excluidos, pero ese apoyo se acompaña de una crítica constante, ya que se considera que el proceso bolivariano sólo avanzará si son las bases populares las que se movilizan y deciden.
Ejemplos de ese apoyo crítico al gobierno son las constantes denuncias que los CTU hacen de la excesiva burocracia, la corrupción de algunas de las instituciones, los desalojos arbitrarios y en los que con frecuencia se producen abusos policiales, o la lentitud y los conflictos con algunas instituciones en el proceso de entrega de títulos de tierras.3

El pasado mes de julio, los CTU se movilizaron para reclamar que el Ejecutivo Nacional apruebe de una vez la Ley de Reforma de la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de Los Asentamientos Urbanos Populares, esencial para profundizar y agilizar el proceso de regularización, así como para crear nuevos instrumentos como el Banco de Tierra Urbana. A día de hoy, esta propuesta de ley está a la espera de ser debatida en la Asamblea Nacional.

Desde Europa, las organizaciones que luchan para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la ciudad, siguen con mucho interés el debate abierto no sólo en Venezuela, sino en toda América Latina, así como los mecanismos que se están impulsando desde las organizaciones sociales de la región. En este sentido, la reciente creación del Foro de Debate por el Derecho a la Ciudad en América Latina es un ejemplo que puede inspirar acciones futuras coordinadas de las organizaciones que trabajan en el ámbito europeo.

* Ada Colau és membre del Observatori DESC de Barcelona. També participa en diversos col·lectius de suport a les mobilitzacions ciutadanes del Estat espanyol en defensa del dret a l’habitatge i a la ciutat, com el Taller contra la Violència Immobiliaria i Urbanística o VdeVivienda.