En los últimos años diferentes organizaciones de la sociedad civil han puesto sobre la mesa la necesidad de reconocer nuevos derechos, dos en particular: el derecho a los cuidados y el derecho al padrón. Es por eso que estos dos derechos han sido los invitados a la nueva edición del Anuario de Derechos Sociales del Observatorio DESCA, que desde el 2021 ha hecho un repaso del estado de los diferentes derechos sociales, económicos y ambientales que son el ámbito de trabajo habitual de la entidad. 

Sílvia Bofill, Profesora de Antropología Social de la Universidad de Barcelona, habla sobre el actual proceso de construcción del derecho al cuidado, que desde la pandemia se visibilizó la enorme necesidad de reconocerlo como tal y protegerlo, después de la dramática situación que se vivió a las residencias de personas mayores durante los peores días de la epidemia. Este proceso, pero, viene de más lejos: de una tarea, la de los cuidados, que a menudo había quedado relegada al ámbito doméstico y era soportada por mujeres, la mayoría migrantes que se encontraban a los márgenes del mercado laboral -y los derechos que esto implica. Por su parte, Laia Costa, abogada y activista jurídica y social de FICAT, hace un breve repaso sobre el derecho (y la obligación) de empadronarse en el municipio donde se reside, que a menudo es la puerta de entrada a otros derechos y servicios básicos. Lo hace en un momento en que varios ayuntamientos como el de Barcelona, Premià o Ripoll están cuestionando este derecho y limitándolo, en contra de los criterios jurídicos establecidos anteriormente y de los derechos humanos en general.

El derecho a la vivienda y la justicia climática avanzan de forma desigual

En relación con el derecho a una vivienda digna, si bien se han producido importantes movimientos, estos resultan todavía insuficientes para garantizar un hogar digno y seguro para todo el mundo, puesto que todavía se topa con las resistencias de un sistema empresarial y económico que durante décadas ha prosperado gracias al uso mercantil que ha hecho de este bien tan esencial para la vida. El año 2023 es el año en que se aprueba la primera Ley por el Derecho a la Vivienda después de 45 años desde su reconocimiento en la Constitución; Cataluña será el primer territorio donde se aplicará esta ley, especialmente la parte de mediación en los procesos de desahucio y la regulación de precios de alquiler, dos medidas que no habrían sido posibles sin la presión de los movimientos sociales, pero que cuentan con deficiencias legislativas que hay que resolver para que puedan desplegar todo su potencial.

En materia de derechos ambientales y justicia ecológica, las cifras de temperatura y otros fenómenos extremos ya son tan notorias que ni siquiera el relato del crecimiento sostenido (ahora reconvertido en “crecimiento sostenible”) las puede disimular. Los datos, fruto de una acumulación histórica pero especialmente evidentes, y sentidas, a lo largo de 2023, nos hablan de una situación nunca vivida antes y que reclama acciones profundas, radicales e inmediatas que transformen un modelo económico que amenaza con llevarnos hacia una situación irreversible, poniendo en peligro la continuidad de la vida tal y como la conocemos. Así mismo repasamos el conjunto de medidas y políticas dirigidas a la mitigación y la adaptación, además de las formas de movilización social que son capitales para afrontar colectivamente la amenaza, combatiendo la injusticia climática, repartiendo de manera equitativa sus efectos, señalando responsables y exigiendo y practicando soluciones que reviertan en el bien común.

El anuario se puede descargar de manera gratuita (completa o por capítulos) a través de nuestro web observatoridesca.org. Si eres una entidad social y quieres una copia física, puedes solicitarla escribiendo un correo a hola@observatoridesca.org con el nombre y los datos de envío.