Hace mucho tiempo que la situación en el campo de refugiados de Moria (Lesbos) bien siendo denunciada. Activistas, personal de las ONGs, representantes políticos o medios de comunicación han advertido numerosas veces que se trata de una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. La desesperación es cotidiana y ya se han vivido episodios de violencia y muerte con anterioridad. El domingo 29 de septiembre volvió a suceder. Esta vez, un incendio en la zona de los barracones provocó al menos dos muertes, las de una mujer y de un niño. Y, de nuevo, reacción represiva por parte de la policía mediante el uso de gas lacrimógeno contra las personas que estaban movilizándose en respuesta al miedo y la indignación y como denuncia del abandono, el hacinamiento y la falta de condiciones vitales mínimas en el campo de Moria. Casi 13.000 personas arrojadas en unas instalaciones preparadas para acoger 3000. Contenedores de barcos y un bosque de precarias tiendas de campaña, pegadas las unas a las otras, dificultad de acceso a agua potable, escasez de alimentación, falta de servicios de atención social, psicológica y médica, inacción ante situaciones de violencia contra las mujeres, clara insuficiencia de espacios y mecanismos de protección para menores no acompañados o de otros colectivos en situación de mayor vulnerabilidad... Se trata de un sistemático y grave incumplimiento de los derechos humanos más básicos, también, y especialmente, de las personas solicitantes de asilo.

Este grave incumplimiento es responsabilidad de las autoridades griegas, pero no solamente. Lo es de Naciones Unidas, por su falta de respuesta, pero, sobre todo, lo es de la Unión Europea y de cada uno de sus estados miembros. Efectivamente, la UE ha situado la responsabilidad total de acogida en los países miembros donde llegan por primera vez las personas que huyen de diferentes violencias y buscan un futuro mejor. Una responsabilidad y solidaridad que debería ser compartida entre los diferentes Estados miembros, que día a día reiteran su falta de voluntad política para hacerlo. En cambio, la UE dirige de manera coordinada múltiples esfuerzos en el control de las fronteras por medio de la Agencia Frontex (a partir de cuerpos policiales y militares) y con acuerdos con los países de tránsito, a quienes pagan por la realización de tareas de control exterior o, como en el caso de Turquía, con el objetivo de poder considerarlos como "tercer país seguro" al que deportar todas las personas a las que, habiendo entrado desde dicho país, no se haya reconocido el estatuto de refugiado ni la protección internacional subsidiaria.

Las condiciones del campo de Moria no sólo son indignas para las personas que allí han de vivir (a menudo por largos períodos). Lo son también, y en consecuencia, para el conjunto de las sociedades europeas. Pero como señalan numerosas organizaciones sociales que trabajan en Grecia, la única solución no pasa por mejorar parcialmente estas condiciones, sino más bien por no hacer de las islas griegas una prisión, permitir vías de acceso legal y seguras a la Unión Europea y establecer sistemas de asilo ágiles y respetuosos con el derecho internacional de los derechos humanos. Igualmente tenemos que, otra vez, exigir una política europea basada en la reubicación de las personas que quieren solicitar asilo para repartir el peso de su atención a todo el conjunto de la UE y garantizar los derechos de acogida, del procedimiento de asilo y reagrupamiento familiar. En lugar de implementar políticas garantistas de derechos humanos, el gobierno griego ha aprobado el traslado de diez mil personas a Turquía para finales del 2020 como medida para rebajar la saturación en el campo de Moria, u la construcción de centros cerrados para quienes se les haya denegado la solicitud de asilo, además del refuerzo de las patrullas en el Mar Egeo. Pretender que provocando desesperación las personas dejarán de llegar a Europa es, como se ha dicho, indigno, pero además resulta inútil. En cambio, una política de fronteras y de asilo cuidadosa con los derechos humanos debe generar, además, que los países más enriquecidos no tengan más remedio que actuar sobre las causas, sobre las violencias y responsabilidades que llevan a la migración forzosa. El expolio de los recursos, la promoción, directa o indirecta, por parte del Norte Global de las confrontaciones bélicas que tienen lugar en el Sur, la promoción del crecimiento económico, incompatible con la sostenibilidad de la vida, son el trasfondo y la principal urgencia que debemos resolver como humanidad. Lesbos y las vivencias de todas las personas desplazadas de modo forzado nos lo muestran cada día. No podemos seguir obviándolo.

Comunicado firmado por Stop Mare Mortum, el Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, la Garriga Societat Civil y el Observatorio DESC.

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