El Observatori DESC lleva años elaborando un análisis del derecho a la vivienda, una defensa activa en la sociedad civil de este derecho y un seguimiento de la intensidad de los fenómenos de vulneración de este derecho en el marco de la burbuja hipotecaria. La crisis de las hipotecas ha llevado a cientos de miles de personas a la pérdida de su hogar como resultado de políticas públicas que han permitido, e incluso promovido, la apropiación de miles de viviendas de la ciudadanía por parte de la banca y corporaciones de capital riesgo que han buscado el beneficio en el alto impacto social de la crisis económica. Las viviendas adquiridas por la banca a través de las ejecuciones hipotecarias fueron en parte derivadas en 2012 a la Sareb, sociedad instrumental que ha acumulado medio millón de viviendas en la operación de rescate público del sector bancario. En esta adquisición del inventario de viviendas más desvaloradas (“activos tóxicos”) de cientos de cajas y bancos, ha sido el Estado quien ha asumido la posición de avalista de un crédito multimillonario de la banca europea hacia la Sareb (60.000 millones de euros). El resultado ya lo conocemos: lo que era de toda la ciudadanía –sus casas– se ha perdido en una situación trágica a la que procede el término «socialización de las pérdidas, privatización de los beneficios».

Los efectos han sido también la degradación de los derechos sociales que acompañan a la vivienda y, a corto plazo, la creación de una burbuja de los alquileres propicia para los inversores internacionales y los arrendadores de vivienda en general, que obtienen la máxima rentabilidad en la adquisición de las viviendas titularidad de la Sareb. Ahora, cuando iniciamos el año 2022, y después de vender parte de las viviendas y sanear apenas un 25% de la deuda, llega una importante noticia: El consejo de ministros aprueba el Real decreto 1/2022 por el que el Estado pasa a ser accionista mayoritario de la Sareb (más del 50% de las acciones). Con esta decisión, presenciamos la transmisión de la deuda multimillonaria restante hacia el Estado y, por tanto, en el bolsillo de cada contribuyente, elevando en un solo día la deuda pública estatal de 117% al 120%. Pero también se transmite todo el patrimonio de viviendas de Sareb. Esto último implica que el Estado pasa a disponer de un mayor número de lo que el sector inmobiliario financiero ha denominado «activos» que, en realidad, deberían ser ante todo considerados como bienes básicos, viviendas. Efectivamente, cuando se creó la Sareb, el sentido de común ante el alud de desahucios pedía socializar el parque inmobiliario de la Sareb para dar servicio a la demanda de vivienda, y rehuir el objetivo financiero puro. Diez años después, nos encontramos ante una oportunidad que el consejo de ministros de momento no parece querer aprovechar, optando por mantener las mismas prioridades del gobierno del Partido Popular respondiendo a intereses financieros y negándose en redondo a ceder las viviendas hacia comunidades autónomas y ayuntamientos, piezas necesarias para tratar de construir un fondo de vivienda social que sirva de plan de choque social. El Observatori DESC denuncia que una vez más este enfoque, un error histórico, de nuevo, desprecia el derecho a la vivienda y los derechos sociales que se derivan.

Para conocer a fondo el recorrido y la problemática recomendamos el análisis que Manuel Gabarre hace de la situación actual de Sareb en un artículo de El Salto del 19 de enero.