En España, la exclusiva lo han tenido El País y La Sexta. Los artículos publicados en el medio escrito describen las técnicas de despliegue de la empresa entre 2013 y 2017, incluyendo su establecimiento en el estado español. La estrategia de entrada de esta empresa en una nueva ciudad es definida por los mismos trabajadores en los comunicados internos como una “tormenta burocrática y legal”, haciendo caso omiso de las regulaciones, y donde el objetivo es crear caos, vulneraciones de derechos, protestas y conflictos. Se describen infiltraciones en las movilizaciones del sector del Taxi, con el objetivo de saber quien eran los principales organizadores y asediarlos (tal y como ha denunciado Tito Álvarez), creando una narrativa de violencia que condicione la opinión pública hacia estos, y que también incluye encuentros entre lobistas y políticos. 

El objetivo de estos encuentros era conseguir regulaciones favorables por el establecimiento de la empresa, y se narra como se consiguieron los resultados perseguidos después de reunirse, por ejemplo, con Emmanuel Macron o Pere Aragonès, antes de que ambos ostentaran los cargos de presidencia que tienen hoy en día. El modelo de los servicios en plataformas digitales no es un modelo que promueva la libertad de trabajo sino de influencia sobre los poderes para promover una agenda neoliberal, para profundizar en la concentración de la riqueza y desmantelar los derechos laborales. 

El destape de los comunicados internos va acompañado por investigaciones del País donde se retrata la precariedad en que viven las personas conductoras de la plataforma, y dónde es prácticamente imposible establecer contacto con nada que no sea un robot automatizado y que ayude a los trabajadores en caso de robo o acoso. Con un mínimo de facturación de 3.500 euros por persona impuesto por Uber, las personas conductoras acaban con un salario de 1.200 euros por jornadas laborales frenéticas y extenuantes, de más de 12 horas. 

La empresa, que ha declarado anualmente pérdidas millonarias desde que salió a bolsa, opera a través de paraísos fiscales para evadir el pago del impuesto sobre sociedades: solo durante 2019, Uber habría evadido más de 552 millones de euros a nivel global. Estas pérdidas anuales, pero, se vienen reduciendo, y el 2022 Uber espera ser rentable. Rentabilidad que logra a través del aumento de los precios del servicio y de las comisiones cargadas a los conductores una vez ha conseguido establecerse en las diferentes ciudades a base de generar competencia desleal y de aplicar prácticas que se saltan la normativa.

El modelo de negocio de Uber, y que se aplica por otras economías de plataforma, no respeta derechos, elimina el comercio local, no respeta los marcos legales y es opaco y evasor de impuestos. No es un modelo deseable por ninguna comunidad, ni sostenible socialmente: concentra la riqueza en pocas manos a costa de varias vulneraciones.

Los “Uber Files” llegan una semana después de que se anunciara una normativa estatal más restrictiva respecto de los VTCs como Uber o Cabify y que establecerá mínimos para todo el Estado español. Entrará en vigor previsiblemente en octubre, dando cobertura a las legislaciones autonómicas ya existentes como la catalana. Esta novedad legal incorpora varias sanciones que limitan la actividad de los VTCs: a partir de ahora se tendrá que contratar el servicio con un periodo de antelación (en Cataluña son 15 minutos, pero algunas ciudades como Barcelona o Valencia querían establecer una hora) y no se podrá circular buscando clientes sin precontratación, entre otros. En cuanto a Cataluña, se aprobó la semana pasada el Decreto Ley 1/7/2022 de medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos con conductor, que regula otros elementos obligatorios para los VTCs como tener una longitud mínima de 4,9 metros, contar con distintivos 0 y ECO para coches nuevos y tener carné de conducir de hace más de dos años. 

Desde el ODESC reafirmamos que hay que continuar trabajando en regulaciones que limiten la expedición de licencias VTC, siguiendo la línea del reciente decreto ley catalán. Hay que avanzar hacia regulaciones laborales más garantistas y que comprendan todos los y las trabajadoras de plataformas digitales, yendo más allá de casos concretos como pasó con la ley 21/2021 o Ley Rider, fruto de la lucha de los y las repartidoras. Una vez aprobadas, también hay que establecer marcos de control efectivos, y evitar el fraude de ley que varios colectivos han denunciado que las plataformas de reparto a domicilio están haciendo con esta última norma. 

También destacamos la necesidad de aumentar la transparencia de este sector tan opaco, tanto por las solicitudes de información a los gigantes tecnológicos como de las acciones de lobbying realizadas con representantes políticos. Los y las congresistas no cumplen sus deberes de publicar en el portal de transparencia de la Cámara los encuentros con grupos de interés o lobistas ni desarrollan el reglamento para regular este registro. Adicionalmente, medios periodísticos han denunciado la falta de transparencia y dificultad de acceso a datos sobre sanciones a gigantes tecnológicos, como por ejemplo Amazon. 

Por último, reconocemos cómo es de importante la organización de las personas trabajadoras para la defensa de estos derechos y la oposición a un modelo insostenible, haciendo bastante tanto desde los puestos de trabajo, las calles como a los tribunales. Podéis consultar algunos de los análisis que hemos elaborado sobre este fenómeno en los últimos años, con actividades formativas sobre derechos laborales y plataformas digitales, y reuniendo expertas sobre formas de organización y resistencia.