El problema de la vivienda tiene rostro de mujer: casi la mitad de familias en riesgo de desahucio en Barcelona son monomarentales
El Observatorio DESC publicamos la informe Resistencia de madres por el hogar: Datos y testigos de los asesoramientos colectivos de la PAH desde una mirada feminista y antirracista, que recoge la problemática de las madres con menores en sus posibilidades de acceso a la vivienda.
Este informe ha sido posible gracias a los datos y testimonios recogidos en los asesoramientos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona y los datos del Servicio de Intermediación en la Pérdida de la Vivienda (SIPHO) de Barcelona, así como las Mesas de Emergencia de Barcelona y Cataluña.
El problema de la vivienda en los municipios españoles tiene rostro de mujer, figura de referencia que carga mayoritariamente con los esfuerzos de los cuidados, casi sin apoyo público en esta tarea esencial para la vida. Los datos lo muestran claramente: según datos de 2022 del Observatorio DESC, el 29,4% de los hogares atendidos por riesgo de pérdida de casa suya son familias monomarentales, y con relación a los hogares con menores los hogares monomarentales representan la mitad (47,6%). El dato de incidencia de los desahucios es alarmante en este colectivo en relación con la media de la ciudad: en el 87,4% de los casos del SIPHO de Barcelona (el Servicio de intermediación y Mediación en la Pérdida de la Vivienda y la Ocupación) habría menores, cuando la media de hogares con niños y niñas en la ciudad es del 35,9%.
Para conocer mejor los efectos de esta realidad, desde el Observatorio DESC, en colaboración con Entrepueblos y la PAH de Barcelona, hemos elaborado la informe Resistencia de madres por el hogar: Datos y testigos de los asesoramientos colectivos de la PAH desde una mirada feminista y antirracista que, además de aportar datos como las que hemos mencionado más arriba, elabora una serie de entrevistas a diferentes personas afectadas por el problema de la vivienda y que son miembros de la asamblea de la PAH de Barcelona. Los resultados demuestran la vulneración de los derechos de las madres en Barcelona y Cataluña, el que supone un carencia de cobertura del derecho a la vivienda, pero también de la igualdad de género, en clara oposición a los Objetivos de Desarrollo sostenible 5 y 11 de la Agenda 2030. Esto es fruto de las dinámicas excluyentes del mercado residencial que son la causa de las situaciones más habituales a diferentes testigos de madres afectadas.
El informe aporta algunos datos más:
- A las entrevistas a madres participantes a la PAH destacan los problemas de expulsión del hogar y el sufrimiento psicológico han reflejado que el 45% de los testigos expresan el sufrimiento derivado de la exclusión residencial: entre los más destacados, el sufrimiento psicológico y la amenaza que supone por los menores la expulsión de casa suya.
- En el 87,4% de los casos atendidos por la SIPHO de Barcelona (el Servicio de intermediación y Mediación en la Pérdida de la Vivienda y la Ocupación) hay menores, cuando la media de hogares con menores en la ciudad es de 35,9%.
- En las Mesas de emergencia de Barcelona y Cataluña, en espera de una vivienda de realojamiento, las familias con menores son mayoritarias, 61,9% en Barcelona y 67,9% en Cataluña; un 29,4% y un 28,2% de hogares monomarentales cada una.
Estos datos son un ejemplo de las dinámicas que están en contradicción con la Agenda Urbana 2030 en los ODS 5 y 11, igualdad de género y comunidades y ciudades justas y sostenibles.
"De nada te sirve tener dinero si no tienes documentos"
La vulneración del derecho a la vivienda y la degradación de las redes de curas tiene un impacto más grande a los hogares monomarentales, las mujeres, los menores, la gente mayor y personas dependientes, necesitadas de los cuidados que asumen mayoritariamente las mujeres. Esto también pose en peligro el ODS 5, igualdad de género. Pero no olvidamos que además estas tareas de cuidados recaen a menudo en la ciudadanía migrante, forzada por la discriminación laboral a los trabajos de más explotación en sus condiciones laborales, aquellas relativas a las curas.
Después de quince años de exclusión residencial desde el estallido de la crisis hipotecaria de 2008, comprobamos que la gravedad del fenómeno no se ha reducido, solo se ha podido contener. Ante esta grave situación hay propuestas innovadoras desde la sociedad civil, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha destacado para atender miles de familias, como ya han mostrado los datos de encuestas fruto de su actividad en el acompañamiento a hogares en riesgo de pérdida del hogar. En una lectura indirecta, hay que tener en cuenta que la tarea que ejerce la PAH de Barcelona, parando miles de desahucios, evita cada día un gasto oneroso de los ayuntamientos y la Generalitat para realojar las familias expulsadas. Se podría pensar que si la PAH no hiciera este trabajo desde hace 13 años, el problema hubiera repercutido de manera mucho más dramática sobre las familias, los barrios y la imagen del sector público.
La militancia de la PAH, fruto de las entrevistas realizadas en este proyecto, transmite que es un fenómeno muy previsible y habitual que los hogares más afectados por la precariedad, excluida del acceso digno a la vivienda, recurran a la ocupación sin título habilitante como una medida de acción directa en favor de su derecho en la Ciudad. En este sentido, la PAH hace recomendaciones para llevar a cabo un mejor acompañamiento de hogares en situación de acceso precario a la vivienda. Hay que abordar la mejora de las condiciones de los hogares en situación de ocupación sin título habilitante, puesto que son contextos muy habituales en hogares vulnerables y que, por el hecho de estar ocupando, pueden llevar a sufrir discriminación de grupos de “desokupación”, representantes de la propiedad, agentes de la orden e incluso el vecindario.
Así mismo, hay que rediseñar la atención a la situación de las personas en riesgo de expulsión de la vivienda, con un foco especial en mujeres y menores. Es necesario ver esta problemática como un problema económico y social en lugar de un problema individual, y buscar espacios de empoderamiento familiar. Se propone extender los servicios para intervenir y prevenir desahucios, con unidades de mediación especializada en ocupaciones en precario para resolver conflictos y aumentar la conciencia sobre estas situaciones en las comunidades vecinas. También se tienen que definir criterios para regularizar las ocupaciones y garantizar el derecho a la vivienda de las personas vulnerables. Hay que realizar una campaña divulgativa para informar los ciudadanos de sus derechos en materia de vivienda, así como del asesoramiento y la posibilidad de denuncia en caso de vulneración. A la vez, es importante concienciar sobre la función social de la vivienda.
A continuación adjuntamos infografías con los datos mencionados: