Fotografías: Alberto Serrano

El Observatorio DESC ha presentado hoy en rueda de prensa un estudio pionero donde se plantea la posibilidad de regular la compraventa de vivienda en las Islas Baleares y hacerla más restrictiva a las personas no residentes para evitar la especulación inmobiliaria -y la consecuente incapacidad de acceder a una vivienda por parte de la población autóctona- en la Comunidad Autónoma. Este estudio, encargado por Podemos Illes Balears, apunta la necesidad de prohibir a los no residentes la compraventa de inmuebles para evitar la expulsión de habitantes en un contexto donde hay una relación clara entre la escalada de precios tanto de compraventa - Baleares encabeza la media de precio más alta de todo el Estado- como de alquiler, y el incremento notorio de la adquisición de inmuebles de los no-residentes, que, o tienen un poder adquisitivo muy mayor o bien se trata de inversores que buscan alquilar a turistas. Esta norma sobrepasaría las competencias de las Comunidades Autónomas y requeriría que se incluyera una habilitación especial en una normativa estatal.

Primer informe sobre la cuestión

El informe, que abre la puerta a desarrollar la medida en un futuro segundo estudio, consta de tres partes: en primer lugar, se hace una compilación de datos estadísticos oficiales del mercado de vivienda, la exclusión residencial y la construcción de vivienda en las Islas Baleares que exponen la problemática actual de carencia de acceso en la vivienda por parte de la población local; por ejemplo el incremento de un 93% en la compra de viviendas por parte de no residentes desde la crisis sanitaria, que coincide con el aumento del precio del alquiler entre un 10% y un 44% a la mayoría de municipios de las Islas Baleares -hecho que apunta a la acción de inversores en vivienda para hacer alquiler de temporada. Esto contrasta de manera muy preocupante con el grado de exclusión residencial en Baleares, donde casi 200.000 hogares tienen problemas para pagar la vivienda y donde un 81% de los hogares serían aptos para acceder a una vivienda de protección oficial.

En segundo lugar, el texto hace una comparativa de diferentes medidas que abordan la regulación de la compra de vivienda a países tanto dentro de la UE como fuera. En este sentido, destacan Canadá -que recientemente ha aplicado una prohibición similar a la que proponemos en el informe-, Países Bajos -donde hay municipios que han puesto limitaciones a la compra de vivienda para evitar inversores- y Singapur -que ha implementado un impuesto progresivo a la propiedad en favor de los residentes.

Por último, el informe incluye una breve valoración jurídica que asegura que esta medida puede encajar en las normativas europea y estatal, puesto que hay numerosas sentencias judiciales que supeditan el derecho a la propiedad privada a la necesidad de garantizar otros derechos. El derecho a la vivienda, la defensa del medio ambiente y el territorio, entre otros, serían causas suficientes para fundamentar la medida. De hecho, a nivel comunitario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido en numerosas ocasiones que las medidas que restringen algunas de las libertades comunitarias (libertad  movimiento de trabajadores, libertad de establecimiento, libertad de prestación de servicios, libertad de circulación de capitales) y que pueden tener efectos discriminatorios, pueden admitirse en caso de que concurran razones imperiosas de interés general y si respetan el principio de proporcionalidad. Dentro del propio Estado español también encontramos otros ejemplos de regulación como la moratoria hotelera y la medida del 30% de vivienda de protección oficial en Barcelona, la limitación de coches de alquiler que actualmente se discute en Baleares y la obligación para los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social a familias vulnerables que actualmente está vigente en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. 

Razones para implementar medidas restrictivas en compra de viviendas

Si bien el principal objetivo de aplicar esta restricción es la de evitar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda en toda la población, también hay que tener en cuenta que de prohibición de compra de viviendas por parte de no residentes tiene efectos en otros ámbitos como puede ser la ordenación territorial y la protección del medio ambiente. En este sentido, la medida de prohibición de compra de viviendas por parte de no residentes se podría presentar como una medida complementaria a la suspensión de nuevas licencias hoteleras establecida por el Decreto Ley, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo en las Islas Baleares, que también tiene como objetivos la lucha contra la crisis climática, el mantenimiento del equilibrio sobre los recursos naturales y medioambientales, así como la correcta correlación entre la población flotante y la demanda de recursos hídricos y energéticos.