La Auditoría de la Deuda Externa en Ecuador pone en evidencia la ilegitimidad de la deuda de este país con España y otros acreedores.

Más de 50 organizaciones sociales españolas, entre ellas el Observatorio de Derechos Humanos, han dirigido una carta a los presidentes de Ecuador y España en la que, ante las evidencias de ilegitimidad, instan al gobierno ecuatoriano a suspender los pagos de deuda con España y al Gobierno español a auditar toda la deuda de la que es acreedor y a cancelar las deudas ilegítimas.

11 de diciembre de 2008

Ante la presentación pública del Informe del proceso de Auditoría Integral del Crédito Público en Ecuador un grupo de organizaciones sociales españolas han querido manifestar su reconocimiento al proceso de auditoría llevado a cabo dirigiendo una carta a los presidentes de Ecuador y España. “Se trata de un hito histórico en el camino hacia la abolición de la deuda externa como mecanismo de dominación y empobrecimiento”, han manifestado los representantes de una amplia coalición de 50 ONGs y otras entidades sociales del Estado español.

En la carta se insta al Gobierno ecuatoriano a mantener su promesa de suspender los pagos de aquellas deudas demostradas ilegítimas durante la auditoría, incluyendo las deudas con el Estado español. En este sentido, el pasado 15 de noviembre el Gobierno ecuatoriano decidió suspender el pago de parte de la deuda comercial, correspondiente a los llamados Bonos Global 2012. El próximo 15 de diciembre vence el plazo para que el Gobierno de ecuador decida si mantiene su decisión.

Así mismo, las organizaciones españolas exigen al Gobierno español que actúe de forma consecuente con los resultados del proceso de auditoría de la deuda externa ecuatoriana. “La auditoría de deuda externa realizada en Ecuador aporta suficientes evidencias de la ilegitimidad de las deudas bilaterales que el Estado español está reclamando al ecuatoriano. Ante ello, el Gobierno español debería anular de forma inmediata, unilateral e incondicional las deudas auditadas en Ecuador y demostradas ilegítimas”, exige la carta dirigida a José Luís Rodríguez Zapatero. Las organizaciones instan también al Gobierno español a poner en marcha un proceso de Auditoría integral de todas las deudas de las que es acreedor, ante la posibilidad, demostrada ahora, de estar reclamando a los países empobrecidos deudas ilegítimas. De hecho, de los 36 contratos de crédito bilateral analizados por la CAIC, 16 fueron firmados con el Estado español. El informe de la Comisión de Auditoría aporta evidencias de ilegalidad, ilegitimidad y malas prácticas en dichos créditos con el Estado español.

Finalmente, la carta denuncia el hecho que el Gobierno español no haya presentado aún en el Parlamento las propuestas de reforma de los instrumentos generadores de deuda (créditos FAD y fallidos comerciales públicamente garantizados por CESCE), tal y como obliga la Ley la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la Gestión de la Deuda Externa. “La deficiencia de los instrumentos generadores de deuda queda demostrada ante la existencia de ilegalidades, ilicitudes y prácticas indebidas por parte de funcionarios y empresas españolas en su proceso de contratación, así como en la ejecución de los proyectos financiados”. Las organizaciones firmantes de la carta esperan que dichas reformas no se demoren más y se solucionen de forma inmediata los problemas de falta de participación y transparencia en el proceso de discusión de las mismas.

En los próximos días organizaciones sociales de todo el mundo, y especialmente en Ecuador, realizaran acciones de apoyo a la Auditoría de la deuda ecuatoriana y al derecho del Gobierno ecuatoriano a decidir sobre la suspensión de pagos de las deudas demostradas ilegítimas.