El referéndum de autodeterminación en Cataluña, previsto para el 1 de octubre y que pide la mayoría de la ciudadanía catalana, pretende  determinar cuál es la relación de Cataluña con el Estado español. El referéndum es un mecanismo para visibilizar y transformar el conflicto político existente. La respuesta represiva del Estado español para impedirlo, con actuaciones judiciales y policiales contra las instituciones catalanas democráticamente elegidas, supone un grave retroceso en materia de garantía de derechos humanos y libertades individuales y colectivas en Cataluña, y un deterioro de la democracia y el Estado de derecho en su conjunto. Estas actuaciones resultan inaceptables en el marco de estados democráticos. Es por eso que desde la sociedad civil llamamos a la solidaridad y al apoyo nacional e internacional y pedimos la adhesión a este comunicado.

Como entidades con larga trayectoria de defensa de los derechos humanos denunciamos que las medidas adoptadas por el Estado español como respuesta a la convocatoria del referéndum del 1 de octubre -suspendido pero todavía no declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional-, tienen finalidades básicamente intimidatorias, en muchos casos se han hecho sin amparo judicial, y contravienen tratados internacionales ratificados por el Estado como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la propia Constitución Española y disposiciones del Estatuto de Autonomía Catalán. Estas medidas son innecesarias, claramente desproporcionadas y suponen la vulneración de cuatro derechos humanos fundamentales: el derecho a un juicio justo y a tutela judicial efectiva; el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y la privacidad de las comunicaciones; el derecho a la libertad de expresión y de información, y el derecho a la libertad de reunión y manifestación.

En cuanto al derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva, y ante la orden del Fiscal General citando a declarar a cargos públicos, DENUNCIAMOS que se trata de una actuación procesal abusiva que vulnera, entre otros, el principio de proporcionalidad y de intervención penal mínima. Se trata de una criminalización prematura – los hechos a perseguir no se consumarán, en todo caso, hasta el 1 de octubre-, así como innecesaria ya que de la misma orden del fiscal se desprende que ya se han interpuesto querellas judiciales que comprenden estos hechos.

En cuanto al derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y la privacidad de las comunicaciones, y ante las actuaciones en empresas públicas y privadas de servicios postales, DENUNCIAMOS que el derecho a la intimidad, en el domicilio privado y social, y a la privacidad de las comunicaciones son derechos básicos en un Estado de derecho y sólo pueden ser limitados, mediante orden judicial, por una finalidad legítima, y ​​de forma proporcionada. Estas actuaciones son innecesarias dado que no pretenden proteger un interés superior y han sido decididas de forma arbitraria.

En cuanto al derecho a la libertad de expresión y a recibir información, y ante las diferentes actuaciones para evitar la difusión de determinados mensajes y campañas, recordamos que las restricciones a la libertad de expresión, derecho que forma parte del núcleo esencial del principio democrático y del pluralismo político, sólo están justificadas cuando las ideas en causa impliquen una vulneración directa y grave de otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, o sean susceptibles de conllevar un daño o riesgo real y serio. En relación a los medios de comunicación, los posibles límites en cuanto al derecho de informar deberían fundamentarse en la protección de otros derechos fundamentales. DENUNCIAMOS que las informaciones que se han intentado prohibir o sobre las cuales se ha limitado su difusión no suponen ningún daño grave, y que las medidas adoptadas contra los medios de comunicación son interferencias desorbitadas y no justificadas.

En cuanto a las limitaciones al derecho a la libertad de reunión y manifestación, y ante la prohibición de actos, DENUNCIAMOS la absoluta falta de justificación de estas limitaciones, dado el constatado carácter pacífico de estos actos y como expresión del pluralismo político, uno de los valores superiores según el artículo. 1.1 de la Constitución. Se trata de decisiones que tratan de judicializar y criminalizar la legítima movilización ciudadana, al tiempo que se rechazan las necesarias vías de diálogo y negociación de un conflicto político expresado de manera pacífica.

Es por estos motivos y razonamientos jurídicos que consideramos imprescindible detener de manera urgente la escalada represiva en materia de derechos humanos y libertades fundamentales que se está produciendo en Cataluña. Y para que así sea,

Exigimos a los y las representantes políticos que cumplan con su cometido de resolver los problemas políticamente y no con actuaciones represivas hacia aquellos y aquellas que representan.

Animamos a la ciudadanía a seguir defendiendo sus derechos a través de la movilización, a través de concentraciones, manifestaciones o acciones populares de desobediencia civil siguiendo los principios de la no violencia y la paz.

Nos solidarizamos con todas las personas que han sufrido hasta ahora la represión.

Ante cualquier otra vulneración de derechos fundamentales anunciamos que ponemos en marcha una Red de Observadores y Observadoras de derechos para hacer el seguimiento necesario el 1 de octubre, junto con acompañamiento legal y psicosocial, y activamos mecanismos de denuncia, asesoramiento y de protección para hacer frente a actuaciones policiales y judiciales desde ahora y hasta el día del referéndum y que, si es necesario, los mantendremos con posterioridad.

Barcelona, 22 de septiembre de 2017

Manifiesto aprobado por entidades sociales y derechos humanos en el marco de Lafede.cat

Para adhesiones y teléfonos de apoyo: http://www.lafede.cat/somos-defensoras/