A raíz de los hechos sucedidos en diferentes barrios de Barcelona y en la provincia, el Observatorio DESC ha decidido ejercer la acusación popular contra Desokupa, una empresa que ejecuta desahucios extrajudiciales. Las prácticas irregulares de este tipo de empresas rayan la ilegalidad, y en casos como el de Can Dimoni, en Gràcia, presentan visos delictivos, como el allanamiento de morada, amenazas y coacciones.

Cataluña vive desde hace años una situación de emergencia habitacional, con más de cuarenta desahucios al día, mientras se acumulan cientos de miles de viviendas vacías. En concreto, la actual situación del derecho a la vivienda en la ciudad de Barcelona, ​​con grandes dificultades para acceder al mercado de vivienda, elevados precios, leyes poco protectoras para los inquilinos y escaso parque público para realojar, no puede verse empeorada por la normalización de praxis como las de Desokupa.

El aumento de la compra de viviendas para invertir desatendiendo su función social ha hecho proliferar este tipo de acoso inmobiliario, ya que los propietarios buscan la máxima rentabilidad de los "activos". Por este motivo, la querella se dirige contra la empresa Desokupa y contra la empresa propietaria del inmueble que contrató sus servicios.

El derecho a una vivienda digna y adecuada contempla la seguridad en la tenencia y su disfrute pacífico, independientemente del tipo de vivienda de que se disponga. La respuesta por parte del vecindario y la denuncia pública ha permitido que salieran a la luz las intimidaciones que realizan este tipo de empresas. El ejercicio de la acción popular esperamos que sea una vía más para acabar con los desahucios por la fuerza y ​​las vulneraciones de derechos que suponen.

Fotografía: Asamblea del Raval