Coincidiendo con el Pleno sobre emergencia social que se celebra entre hoy y mañana en el Parlamento de Cataluña, la comisión promotora de la ILP Vivienda queremos poner sobre la mesa la urgencia de la aplicación integral de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que ya hace más de 7 meses que está en vigor.

Esta ley, fruto de una ILP impulsada desde la calle, consiguió el apoyo de 150.000 catalanas recogiendo un gran clamor social y fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Parlamento de Cataluña el pasado 23 de julio. Conscientes de que aprobar una ley no cambia la realidad, desde septiembre hemos interpelado los jueces decanos para su aplicación y hemos trabajado conjuntamente con la Generalitat, la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y la Agencia de Consumo de Cataluña, en la elaboración de guías de aplicación de la norma para los ayuntamientos, usuarios y entidades financieras. Además, hemos participado en las 9 formaciones que se han hecho por todo el territorio catalán a más de un millar de trabajadores de la Administración local. Todo un esfuerzo que valoramos como positivo pero que no implica que el trabajo haya llegado a su fin.

Por este motivo, el pasado 26 de enero enviamos una carta abierta al reciente presidente Puigdemont -que, por cierto, no ha respondido- para recordarle las metas que aún quedaban pendientes de alcanzar por la aplicación integral de esta ley y para conocer si el nuevo gobierno tiene como prioridad acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética. Fruto de esta carta, se han realizado dos reuniones con la Generalitat: la primera con la Consejera Meritxell Borràs, el Secretario de Vivienda, Carles Sala, la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y la Agencia de consumo de Cataluña; y la segunda sólo con el Secretario de Vivienda, las dos agencias y sus respectivos responsables, Jaume Fornt y Alfons Conesa. En las reuniones mantenidas con los responsables del Gobierno, trasladamos un mensaje nítido y claro: hay que aplicar con decisión y desplegar con celeridad este nuevo instrumento legislativo que nos brinda la oportunidad de revertir la emergencia habitacional en Cataluña.

Les cinc actuacions urgents que recollia la carta al President Puigdemont són: aprovar el reglament de segona oportunitat que permetrà a les famílies deixar enrere el sobreendeutament associat a l’habitatge i començar de nou; mobilitzar l’habitatge buit de bancs i grans tenidors necessari per a reallotjar les famílies en situació d’exclusió residencial mitjançant la cessió obligatòria; alliberar les famílies del deute que es deriva de la pobresa energètica signant els convenis amb les subministradores d’aigua, llum i gas que la Llei estableix; sancionar els incompliments de la Llei pels talls que es produeixen, i dotar de partida pressupostària suficient per garantir a tots els efectes i tal com determina la norma, el dret a l’habitatge de les famílies en exclusió residencial.

Las cinco actuaciones urgentes que recogía la carta al Presidente Puigdemont son: aprobar el reglamento de segunda oportunidad que permitirá a las familias dejar atrás el sobreendeudamiento asociado a la vivienda y empezar de nuevo; movilizar la vivienda vacía de bancos y grandes tenedores necesaria para realojar a las familias en situación de exclusión residencial mediante la cesión obligatoria; liberar a las familias de la deuda que se deriva de la pobreza energética firmando los convenios con las suministradoras de agua, luz y gas que la Ley establece; sancionar los incumplimientos de la Ley por los cortes que se producen, y dotar de partida presupuestaria suficiente para garantizar a todos los efectos y tal y como determina la norma, el derecho a la vivienda de las familias en exclusión residencial.

Hace un mes y medio que el nuevo Gobierno de la Generalitat tiene sobre la mesa estas actuaciones prioritarias pero, a pesar de los avances, los tiempos se alargan de nuevo y no llegamos a ver el resultado deseado: trasladar el mensaje a bancos y suministradoras que esta norma ha llegado para quedarse y para detener la vulneración diaria del derecho a la vivienda en nuestro país.

Se trata de una Ley de emergencia, y por tanto, cada día que pasa sin aplicarse totalmente, ésta se agrava y golpea a las familias catalanas. Las deudas de por vida, los desahucios y los cortes son inaceptables. Pero aún es más escandaloso y alarmante tener las herramientas para erradicarlos y no utilizarlas como es debido.

En este sentido, es necesario que el Gobierno de la Generalitat asuma de forma prioritaria las siguientes acciones:

1. Iniciar la tramitación del reglamento para habilitar el mecanismo de segunda oportunidad para que las familias puedan acabar con el sobreendeudamiento asociado a la vivienda habitual, que las asfixia. El vacío que genera la falta de este mecanismo provoca que algunas entidades financieras hagan chantaje a las familias condicionando daciones a la renuncia al alquiler social al que obliga la Ley.

2. Impulsar definitivamente la movilización de las viviendas vacías de los grandes tenedores (empezando por los bancos) iniciando cesiones obligatorias, dando a la vez ejemplo y seguridad a los Ayuntamientos para que también las inicien. Los responsables del gobierno nos comunicaron que iniciarían todas las cesiones de vivienda vacía necesarias para atender los casos de la mesa de emergencia de la Generalitat de Cataluña. Todavía no hemos visto los resultados reales de esta afirmación. Mientras tanto, diariamente la PAH está realojando familias en exclusión residencial, con su campaña de la Obra Social, cuando las debería estar realojando la Generalitat y los Ayuntamientos. También es un hecho innegable que, en estos momentos, entidades financieras como el BBVA, la Sareb y otros tienen miles de viviendas vacías y se niegan a dar alquileres sociales a las familias afectadas que deben ocuparlos porque las administraciones no tienen ni movilizan suficiente vivienda social para atenderlas. La Generalitat y los Ayuntamientos pueden demostrar que quieren resolver la histórica infradotación de vivienda social en Cataluña iniciando la cesión de tantas viviendas vacías (22.000 de grandes tenedores ya identificados en España) como familias en exclusión residencial haya, cumpliendo con el artículo 5.6 de la Ley, que establece el derecho al realojo adecuado.

3. Hacer sentar las compañías suministradoras implicando representantes de máximo nivel del Gobierno, como el mismo President o el Conseller Junqueras, para conseguir que en las próximas semanas se firmen los convenios necesarios para que éstas se hagan cargo de las ayudas necesarias y los descuentos en las facturas de las personas en riesgo de exclusión residencial, como marca la Ley. Hay que asegurar el cumplimiento real del principio de precaución para frenar los cortes que aún hoy en día se producen y hacer públicos los más de 65 expedientes sancionadores de denuncias por incumplimiento de esta ley que ya ha abierto la Agencia Catalana de Consumo.

4. Dotar de partida presupuestaria suficiente para garantizar a todos los efectos y tal y como determina la norma, el derecho a la vivienda de las familias en exclusión residencial. Esto significa calcular qué presupuesto es necesario para dar cobertura a lo que determina la Ley, como por ejemplo: garantizar las ayudas al alquiler para evitar desahucios en viviendas de pequeños propietarios, la formación de comisiones por el sobreendeudamiento, la ampliación del registro de viviendas vacías de grandes tenedores, y personal suficiente para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley.

Es de sentido común que, si hoy y mañana el Parlamento de Cataluña debate sobre la emergencia social en el ámbito de vivienda y pobreza energética, la prioridad de este plenario sea activar todos los mecanismos necesarios para la aplicación efectiva de esta ley. El plan de choque para hacer frente a la emergencia habitacional lo ha marcado la ciudadanía y la sociedad civil hace tiempo, y también el propio Parlamento, y este plan es: aplicar integralmente la Ley 24/2015 y hacerla cumplir a diario hasta terminar con las deudas de por vida, los desahucios, los cortes de suministros y con la falta de vivienda social en Cataluña.

Con la misma contundencia que, desde que nació la PAH hace 7 años y hasta ahora, hemos denunciado la vulneración diaria del derecho a la vivienda en Cataluña y sus responsables, a partir de hoy empezaremos a denunciar la inacción de los responsables de la aplicación de la Ley 24/2015, tal y como decidimos este mismo sábado en la asamblea de las PAH catalanas.

#ILPesLey #StopEmergenciaHabitacional

Grupo Promotor de la ILP Vivienda, la Ley 24/2015