Hoy se ha hecho público que el gobierno del PP ha comunicado por carta a la Generalitat que considera discutible la constitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley 24/2015 de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Por este motivo, el PP ha pedido una comisión bilateral Estado-Generalitat en la que tratar este tema. El plazo oficial para presentar un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional finaliza el próximo 6 de noviembre. Si se acuerda la creación de la comisión bilateral, el plazo se ampliará automáticamente hasta el 5 de mayo de 2016.

Hace pocas horas, el mismo gobierno de la Generalitat lo ha confirmado al grupo promotor de la Ley 24/2015, que, como es ampliamente conocido, es el resultado de la aprobación el pasado mes de julio de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Medidas urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética impulsada por la PAH, la APE y el Observatorio DESC.

Y no solo eso, sino que también durante el día de hoy, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del gobierno del PP contra la última modificación del Código de Consumo que preveía, entre otras cosas, mecanismos de protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios y medidas contra la pobreza energética. Esto significa que, ahora mismo, la única ley en vigor que plantea medidas de protección y garantía de acceso a los suministros básicos es la Ley 24/2015.

Desde el grupo promotor estamos plenamente convencidas de la constitucionalidad de la Ley 24/2015 y de la necesidad de su vigencia para detener la emergencia habitacional. La norma fue avalada por los juristas del Parlament y aprobada por casi unanimidad (solo con las abstenciones del PP y Ciudadanos en algunos artículos). También estamos plenamente seguras de la necesidad de una ley que reclamábamos desde hace más de 6 años y que aporta herramientas imprescindibles para detener la emergencia habitacional, uno de los problemas que más afecta a la mayoría de la población y que ha generado una alarma social muy importante. Hecho que explica el apoyo mayoritario de la población y de todos los sectores profesionales implicados en esta ley.

En el escrito que el gobierno del PP ha dirigido a la Generalitat, se habla de posible inconstitucionalidad de prácticamente todos los artículos, a excepción de algunos pocos. Así pues, se cuestionan las medidas contra el sobreendeudamiento, el alquiler social obligatorio para detener los desahucios de grandes tenedores, las medidas contra los cortes de suministros, la garantía de acceso a los servicios básicos y la cesión de vivienda vacía para aumentar el parque de alquiler social. Para el PP tan solo habría que salvar las ayudas y las garantías públicas para detener los desahucios de pequeños tenedores.

Esto significa que el gobierno de Mariano Rajoy cuestiona prácticamente la totalidad de las herramientas que la ley 24/2015 ha puesto sobre la mesa para obligar a los bancos y a las empresas suministradoras a asumir sus responsabilidades ante los efectos más dramáticos de la crisis. Muchas de estas medidas las avaló el mismo PP catalán en la votación de la ley el pasado mes de julio.

Está clarísimo que el objetivo del PP no es la constitucionalidad de la ley 24/2015, sino defender una vez más y sin escrúpulos los intereses de los bancos y las empresas suministradoras, en contra de los derechos esenciales de la mayoría.

La carta que ha escrito el gobierno del PP, la han dictado y redactado en realidad la banca y las empresas suministradoras. Podemos demostrar lo anterior, ya que en los últimos días nos han llegado varias filtraciones de entidades financieras de que el gobierno del PP daría este paso.

La Ley 24/2015 plantea medidas reales y efectivas para acabar con los desahucios y los cortes de suministro y plantea obligaciones para sus responsables. Por eso les da miedo. Muchas otras comunidades autónomas se están inspirando para sacar adelante leyes similares que garanticen los derechos más básicos de la población, ya sea a través de iniciativas legislativas populares o por iniciativa de los propios gobiernos autonómicos. Como por ejemplo Murcia, Baleares, Valencia, Andalucía o Madrid, entre otros.

Seguiremos defendiendo con total contundencia esta ley, que es plenamente vigente y que defiende nuestro derecho a una vivienda digna como ninguna otra ley lo ha hecho hasta ahora.

Defender el derecho a la vivienda digna significa hoy más que nunca aplicar y consolidar esta nueva Ley como algo irreversible e imprescindible. Por este motivo continuaremos trabajando y exigiendo su aplicación y hoy más que nunca, instamos a los ayuntamientos y a la Generalitat para que continúen desplegando los recursos que hagan falta para su aplicación efectiva.

Advertimos al PP, que sabemos perfectamente que esto es una carrera de fondo y que conocemos bien a los que con una sola llamada quieren tumbar leyes. Llevamos desde 2009 defendiendo nuestros derechos y no es la primera vez que intentan cargarse una ILP o cualquier intento de modificar las leyes criminales que permiten a bancos y suministradoras seguir haciendo negocio, a costa del sufrimiento de la mayoría de la población.

En los próximos días anunciaremos medidas de presión contundentes al Partido Popular, así como los próximos pasos que daremos para defender el derecho a la vivienda digna.

Hoy ha quedado claro que el PP, la banca y las empresas suministradoras intentan una vez más no asumir sus responsabilidades en la protección de los derechos más esenciales de las personas. Nuestra respuesta es clara: ¡La Ley contra la emergencia habitacional y la pobreza energética no se toca!