Padrón municipal e inmigrantes en situación irregular

Comunicado urgente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña

ANTE EL USO DEL PADRON MUNICIPAL PARA DENUNCIAR A LOS INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR EN ALGUNOS AYUNTAMIENTOS

Según nos informan hoy diversos medios de comunicación, Sant Andreu de Llavaneres es el primer municipio catalán dónde ha prosperado la propuesta del PP, con el soporte de CIU, de utilizar el Padrón para denunciar a los inmigrantes en situación irregular. Se da un paso más en la criminalización de la inmigración, regular o no, que estamos sufriendo recientemente en nuestro país.

- La iniciativa del Ayuntamiento de  Vic, felizmente retirada, de negarse a empadronar extranjeros en situación irregular; pero substituida por la propuesta de denunciar aquellos inmigrados que se hallen esta situación.

- La campaña xenofoba del Partido Popular de Badalona, que vincula delincuencia e inseguridad con ciertos colectivos con connotaciones raciales y extranjeras.

- Las declaraciones de dirigentes del PP y CIU en el sentido de “aquí no cabemos todos” o de que hace falta un “carné por puntos” para integrar a los inmigrantes.

- Las declaraciones de hace unos meses del presidente Montilla, o más recientes del Sr. Puigcercós, en el sentido de que no puede caerse en el “buenismo” en el trato de las cuestiones migratorias.

Declaraciones e iniciativas que han de ponerse en el contexto de una reforma de la Ley de Extranjería regresiva, aunque no lo suficiente para algunos (PP) y de una crisis económica y social galopante de la que se quiere hacer en parte responsable al colectivo inmigrante.

Ante esta grave tendencia, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña manifiesta que:

1.Los inmigrantes no son los causantes de la crisis económica sino que, al contrario, son sus principales víctimas: el desempleo es proporcionalmente más alto en su caso; son víctimas de los recortes en los presupuestos destinados a integración y no tienen las redes de protección familiar de que disfrutamos los nacionales.

2. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales firmados por España. Esto no es “buenismo”, es respeto a la legalidad vigente.

3.De la misma forma, todas las personas deben respetar la ley y ser sancionadas si la infringen, pero sin discriminación. No puede haber exigencias legales específicas para extranjeros una vez se hallen en territorio español (carné por puntos) ni sanciones agravadas por el mero hecho de ser extranjero.

4.Las restricciones de derechos son inversamente proporcionales a una verdadera integración de todas y todos en una sociedad democrática avanzada como quiere ser la nuestra.