El pasado mes de junio el Comité DESC de Naciones Unidas, el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), emitió una decisión conforme España había vulnerado el derecho a la vivienda por el desalojo de unos inquilinos. En sus recomendaciones, el Comité instaba España a:

- Que se adopten medidas legislativas y / o administrativas para que en los procedimientos de desalojo de inquilinos el juez pueda valorar las consecuencias del desahucio.

- Mejorar la coordinación entre el poder judicial y los servicios sociales para evitar que una persona desahuciada se quede sin vivienda alternativa.

- Los desahucios de personas vulnerables sólo se efectúen después de haber consultado de manera genuina y efectiva estas personas y de asegurar que el estado ha hecho todos los pasos posibles empleando el máximo de recursos disponibles para conseguir una alternativa habitacional adecuada.

- Formular e implementar, en coordinación con las CCAA, un plan para garantizar el derecho a la vivienda a las personas en situación de vulnerabilidad con previsión de recursos, plazos y evaluación del mismo.

Tras la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2013, se abrió la posibilidad de presentar quejas individuales y colectivas por vulneración de DESC. La primera resolución del Comité DESC fue contra España por vulneración del derecho a la vivienda en un caso de desahucio por procedimiento de ejecución hipotecaria el año 2015. Ante la ausencia de seguimiento del cumplimiento de esta resolución, el España no implementó ninguna medida al respecto.

Para que no vuelva a pasar, varias organizaciones de defensa del derecho a la vivienda y los derechos humanos nos hemos unido para crear un grupo de seguimiento. Entre ellas estamos CAES Cooperativa, Amnistía Internacional, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinos, Arquitectura Sin Fronteras, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la Federación de Asociación de Vecinos y Vecinas de Barcelona, FEANTSA y el Observatorio DESC. El objetivo es poder dar a conocer el caso, presentar información y datos al Comité DESC que confronten los que aporte el estado.

Además, desde la Red DESC, de la que el Observatorio DESC somos miembros y gracias a la cual participamos en la demanda con un amicus curiae, está coordinando con otras organizaciones internacionales su participación en el seguimiento del caso. Ayer 12 de noviembre realizamos un webinario con entidades y redes de todo el mundo interesadas en la implementación de la decisión del Comité. Los casos como éste, en que Mohamed Ben Djazia y Naouel Bellil y sus hijos de 1 y 3 años fueron desahuciados por la finalización del contrato de alquiler y no obtener vivienda social, son parte de un litigio estratégico, donde se lleva una vulneración derechos ante tribunales esperando conseguir mejoras para el conjunto de la sociedad. En este caso, las recomendaciones de Naciones Unidas deberían obligar a España a modificar la legislación en materia de desahucios, aumentar el parque de viviendas sociales para asegurar los realojos de las personas desahuciadas y formular un plan de vivienda con dotación económica.

Aquí podéis leer algunos artículos de prensa sobre este tema:

https://elsaltodiario.com/vivienda/comite-vigilara-espana-cumpla-exigencias-pah-onu-vivienda

http://www.eldiario.es/sociedad/desahucios-ONU_0_710429404.html

Podéis ver en adjuntos la Comunicación 5/2015 del Comité DESC.