Diversas organizaciones sociales, entre las que se encuentra el Observatorio DESC, organizamos este lunes 4 de julio un debate para presentar el último informe de Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de Naciones Unidas en deuda y derechos humanos, que se encuentra de visita en Barcelona. El informe es resultado de su misión en Grecia y recoge las consecuencias de la deuda externa y otras obligaciones financieras internacionales en los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) del país.

El acto, celebrado justamente un día antes del aniversario del referéndum en Grecia que rechazó las condiciones de rescate propuesto por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, contó con la presencia, además de Bohoslavsky, de la directora del Observatorio, Irene Escorihuela, y de miembros de la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). También participaron representantes políticos de diferentes administraciones: el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán; la diputada de la CUP en el Parlamento catalán Eulàlia Reguant y el responsable de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona, ​​David Llistar.

Juan Pablo Bohoslavsky es el actual experto independiente de la ONU sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales de los Estados para el pleno disfrute de todos los derechos humanos, en particular los DESC. A raíz de la invitación del gobierno griego, Bohoslavsky realizó una visita al país entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 2015. Su objetivo era hacer un seguimiento de la visita del anterior titular del mandato en 2013 y evaluar en qué medida la crisis de la deuda y más particularmente el programa de ajuste en curso han provocado vulneraciones de derechos humanos. Sus conclusiones se recogen en el informe enviado al Consejo de Derechos Humanos el pasado mes de abril.

En el informe, Bohoslavsky en primer lugar hace un repaso de los acontecimientos políticos y económicos que Grecia ha experimentado desde que el Gobierno acordó la implementación de un primer programa de ajuste económico en mayo de 2010. Posteriormente, señala las obligaciones de derechos humanos tanto de los prestatarios, los prestadores como de las instituciones en situación de ajuste económico. A continuación el informe se centra en los ajustes estructurales en Grecia y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos. Bohoslavsky no sólo presenta unas conclusiones sino que también apunta recomendaciones concretas dirigidas al gobierno de Grecia y a los prestadores internacionales.

En relación con las obligaciones de derechos humanos de Grecia, Bohoslavsky se refiere, entre otros, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha observado que "las crisis económicas y financieras [...] pueden dar lugar a un retroceso en el disfrute de [los derechos económicos, sociales y culturales]". Dado que es el deber del Estado garantizar la realización progresiva de estos derechos, el Comité subrayó cuatro requisitos que cualquier cambio de política debería cumplir. Por ejemplo, la política debe ser temporal, necesaria, proporcionada y no discriminatoria, debe mitigar las desigualdades y proteger el contenido básico de los derechos consagrados en el Pacto.

Las obligaciones en materia de derechos no lo son sólo para los estados: las instituciones de Europa y las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional no están excluidas de esta responsabilidad, para Bohoslavsky, sino que también tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir los derechos humanos, sobre todo "cuando se decide sobre condiciones y medidas de ajuste ligadas a los préstamos".

Para cumplir con las obligaciones de procedimiento y actuar de acuerdo con los principios rectores de la deuda externa y los derechos humanos, el experto independiente y otros comités pertinentes recomendaron encarecidamente al Gobierno griego y a las instituciones de crédito llevar a cabo una evaluación de impacto sobre los derechos humanos en el diseño de los programas de ajuste. Sin embargo, Bohoslavsky afirma que, hasta ahora, ningún análisis exhaustivo de los tres programas de reforma económica ha tenido lugar.

Se ha observado, además, que otras obligaciones de procedimiento, tales como la transparencia, la participación y la rendición de cuentas no se han respetado lo suficiente durante la preparación, ejecución y seguimiento de los programas de ajuste en Grecia. Del mismo modo, ha habido una falta de apropiación. El referéndum de julio de 2015 y las elecciones anticipadas de septiembre de 2015 permitieron cierta participación, sin embargo, "las negociaciones entre las instituciones y el Gobierno siguen teniendo lugar en gran parte a puerta cerrada".

Tal y como el anterior titular del mandato ya había puesto de relieve, las reformas económicas drásticas en el pasado se habían aplicado "a costa de los derechos humanos". "El primer y segundo programa de ajuste estructural [no sólo] profundizaron significativamente la crisis económica griega", sino que también condujeron a "recortar la protección social y los gastos de salud pública". Los pocos fondos disponibles para combatir la exclusión social, así como para proporcionar apoyo en materia de vivienda y de alquiler sufrieron una drástica reducción entre 2009 y 2013.

Desde la visita del titular del mandato anterior, se han producido una serie de cambios en Grecia -entre otros la elección de un nuevo gobierno en enero de 2015. Mientras que Bohoslavsky "reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de Grecia y los prestamistas internacionales para intentar corregir el país de la situación económica", está preocupado por el hecho de que los programas de ajuste actuales todavía hacen caso omiso de las obligaciones de derechos humanos. El gasto social se ha reducido aún más a pesar del aumento significativamente de la pobreza y la exclusión social en Grecia.

Al revisar más de cerca las cuestiones de derecho a la vivienda, el experto independiente Bohoslavsky descubre que Grecia ha reducido en un 74,4% la inversión pública entre 2009 y 2013. Por otra parte, "el número de hogares que se encuentran en mora en el pago de hipotecas, alquiler o las facturas de servicios públicos aumentó hasta el 46,4 por ciento en 2014 ", que a su vez aumenta el riesgo de desalojo forzoso y la falta de vivienda. Bohoslavsky afirma que "la sociedad griega no puede permitirse el lujo de ser empujado a una situación en que el derecho a una vivienda adecuada y asequible se convierta en un lujo para unos pocos". En este sentido, y entre otras, Bohoslavsky hace un llamamiento al Gobierno de Grecia y las instituciones de crédito por igual a "posponer las reducciones en el gasto social previsto en el último memorando de entendimiento hasta la recuperación económica posterior a la crisis".

Podéis consultar las 25 recomendaciones del experto independiente de la ONU y el informe completo en este enlace.