18 de marzo de 2010 – La reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) que el Gobierno defiende estos días en el Parlamento español llevará a aumentar el porcentaje de créditos incluidos en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Esto aumentará la deuda externa de los países más empobrecidos, vulnerando los convenios internacionales sobre financiación responsable. Con esta reforma del FAD resulta imposible asegurarse de que recursos públicos de la cooperación española no sean destinados a proyectos o empresas vinculados con la violación de derechos humanos, corrupción o impactos ambientales.

Un hotel de cinco estrellas en Chad, material para el control migratorio en Ghana o instalaciones de suministro de agua potable que, por problemas de corrupción, nunca entraron en funcionamiento en El Salvador, han sido financiados con créditos FAD. Es decir: provienen de fondos de los contribuyentes españoles y contabilizados como Ayuda Oficial al Desarrollo. Todos ellos han generado, además, deudas ilegítimas que estos países siguen pagando. Y todos ellos se podrían repetir en caso de seguir adelante el Gobierno con sus planes.

Para Merche Valls, de la Campaña ¿Quién debe a Quién? “la reforma no es tal, se crean nuevos instrumentos para no cambiar nada en absoluto. El Gobierno simplemente propone más de lo mismo”.

En el marco de esta reforma, la propuesta de creación del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que afronta hoy en el Congreso de Diputados una enmienda a la totalidad, podría suponer romper definitivamente con el Pacto de Estado contra la Pobreza –firmado por todos los grupos parlamentarios en 2007-. Dicho Pacto establece un límite de un 5% de recursos de la AOD en forma de créditos, y la propuesta del Gobierno para el nuevo FONPRODE abre la posibilidad de potenciar sin medida la Ayuda reembolsable. Rompe también con las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE de conceder donaciones y no créditos a los países pobres.

Para la Campaña ¿Quién debe a Quién? este aumento del uso del crédito en la AOD es “totalmente inaceptable, ya que agravará de forma irremediable el sobreendeudamiento de los países del Sur, abocándolos a una situación de crisis y pobreza permanentes”.

De hecho, países como Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos están por debajo del 5% de la AOD reembolsable.

“Si queremos una cooperación de calidad debemos apostar por reducir la ayuda reembolsable a la mínima expresión”, afirma Dani Gómez-Olivé, investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización y miembro de ¿Quién debe a Quién?. Según Gómez-Olivé “la AOD debería concebirse como una herramienta de restitución ante las deudas históricas, económicas, culturales, ecológicas y sociales, que tenemos con los países del Sur, y dicha restitución ha de ser en forma de donación, nunca de crédito”.

El Congreso de Diputados está discutiendo también la creación del Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM). Se trata nuevamente de un mecanismo de crédito para terceros países, ligado a la compra de bienes y servicios de empresas españolas, y que podrá contabilizar como AOD. Se desvirtúa una vez más así la cooperación española, poniendo los intereses comerciales del sector empresarial por delante de la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos.

El Gobierno español incumple también con el mandato de la Ley de gestión de la deuda externa (38/2006), que lo emplazaba a abordar la cuestión de la generación de deudas externas. Para Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción y ¿Quién debe a Quién?, “el Gobierno pretende utilizar estos mecanismos, generadores de deuda externa, como falsa salida a la crisis económica, repitiendo así errores del pasado. Sobre bases tan frágiles no se logrará una recuperación económica sostenible y se muestra una vez más la falta de responsabilidad y compromiso de nuestro Gobierno con el desarrollo sostenible de los países de Sur”.

Tanto FIEM como FONPRODE carecerán, según ¿Quién debe a Quién?, de las necesarias herramientas de control, evaluación y rendición de cuentas, posibilitando la generación de más deuda ilegítima en los países del Sur.

Tal y como denunció Maria García, del Observatorio de derechos humanos-DESC y ¿Quién debe a Quién?, en la comparecencia el pasado 15 de febrero en la Comisión de Cooperación del Congreso de Diputados, “esta falta de regulación en materia de transparencia, control y rendición de cuentas favorecerán la desviación de fondos públicos para proyectos en los que se violen los derechos humanos, se fomenten prácticas de soborno y corrupción, o en los que se generen impactos negativos sobre las poblaciones locales a nivel ambiental, económico, social o cultural”.

Las propuestas del Gobierno se han encontrado no sólo con la oposición frontal de un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, sino también de diversos grupos parlamentarios que han presentado numerosas enmiendas a las proposiciones de ley, incluyendo enmiendas a la totalidad tanto de FIEM como de FONPRODE.

Para ¿Quién debe a Quién?, en caso de ser aprobados tal y como los propone el Gobierno, “FONPRODE y FIEM supondrán un retroceso abismal en la lucha contra la pobreza y la deuda externa, así como en la defensa de los derechos humanos”.

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