Informe para el Relator Especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos en su visita a España
Con motivo de la visita a España el próximo mes de febrero de Philip Alston, Relator Especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos desde 2014 designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde el Observatorio DESC hicimos las siguientes aportaciones en la materia:
Pusimos en conocimiento el impacto de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española en 2011 sobre los derechos sociales, frente la desatención del Estado como titular de las obligaciones mismas.
En concreto, 1) La reducción de millones de euros de gasto público, lo que supone un impacto sobre la capacidad adquisitiva de las clases de rentas bajas y medias que destacan en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre y vulneran la competencia de las administraciones locales para responder a las necesidades de la ciudadanía.
2) La limitación de acceso a la Asistencia Sanitaria a personas migrantes en situación administrativa irregular al derecho a la salud según El Real Decreto Ley 16/2012 y la disminución progresiva de un 22% en 2013 en sanidad, con graves consecuencias en materia de contratación de personal, aumento de las listas de espera o la reducción del número de camas en los hospitales, si bien el RDL 7/2018 ha subsanado gran parte de la problemática.
3) El recorte presupuestario en educación y el 45% de disminución en becas, junto un aumento de las tasas universitarias según la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa -LOMCE- que, de acuerdo con el Sindic de Greuges, ha obligado en Cataluña a un 48% de los alumnos de origen migrante y 39% de secundaria a cambiar de centro creando una segregación escolar que niega la igualdad de oportunidades y profundiza en los procesos de pobreza generacional.
4) El número de desahucios entre 2008 y 2019 ha sido de 600.000 desahucios, una media de 70.000 desahucios anuales que genera gran desprotección de los inquilinos reforzado por la Ley 4/2013 que introdujo cambios en la celeridad del desalojo con independencia de los motivos que originen el impago o la disminución de 5 a 3 años la durada del contrato y a un solo año la prórroga, mientras el último Informe del Banco de España indica que el alquiler ha subido un promedio del 50 % en las grandes ciudades. El reciente RDL 7/2019 ha introducido algunas mejoras al respecto.
5) La Ley 27/2011supuso uno de las reformas más regresivas de los últimos años sobre las pensiones, a través de la cual se aumentó la edad de jubilación de 65 a 67 años, se incrementó de 15 a 25 los años de cotización y de 35 a 37 la edad para obtener el 100%. Además, se eliminó la revalorización de las pensiones con el aumento del IPC.
6) La reforma laboral la Ley 3/2012 supone un gran retroceso en materia de derechos, reduciendo la indemnización por despido improcedente a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42. El despido procedente es ahora de 20 días, y puede tener lugar tras nueve meses de baja de facturación de la empresa. Además, los nuevos contratos facilitan el despido, aumentado los contratos temporales, hasta ser un 91,7% en 2019, disminuyendo el poder adquisitivo de los trabajadores/as, teniendo en cuenta la disminución de los salarios y el aumento de los precios.
7) Por último, la crisis económica produjo un recorte del presupuesto dedicado a los servicios sociales, que no ha sido revertido en los últimos años.
Queremos recordar que cada campo tiene una perspectiva de género y de raza muy relevante, afectando más a las mujeres y la población inmigrante y gitana.