Desde el movimiento de Vivienda y otros muchos colectivos, venimos peleado durante años a pie de calle para lograr una ley que garantizase el Derecho a la Vivienda en todo el estado. La primera Ley por el Derecho a la Vivienda que se aprueba hoy no es esa Ley, ya que la vivienda seguirá funcionando como un bien de mercado con el que especular, en lugar de garantizarse como un derecho al alcance de todas las personas.

Frente a las necesidades reales y urgentes de la gente, se han impuesto las presiones del periodo electoral así como las de los fondos de inversión y las patronales inmobiliarias, y el resultado es una Ley que no ofrece una alternativa a los desahucios, ni garantiza alquileres asequibles ni asegura la protección de un techo a las personas sin hogar, y cuyas medidas más destacables consisten en ventajas fiscales para los propietarios y una regulación de alquileres llena de carencias que difícilmente tendrá el efecto de bajar de forma efectiva los precios de los mismos. No se tienen en cuenta ni la subida de tipos de interés, ni las elevadísimas cifras de demandantes de vivienda, donde existen, ni las miles de familias amenazadas de no renovación de sus contratos... etc. etc. etc. Tras años de presión y esfuerzo, nuestra iniciativa logró el 30 de septiembre de 2021, avalados por 9 formaciones políticas del Congreso, registrar nuestro propio texto de ley que sí garantizada el ejercicio del derecho a la vivienda, y cuya toma en consideración fue rápidamente rechazada por el PSOE.

Hoy, fruto de esa potente lucha, se da un paso adelante y las Administraciones empiezan a reconocen el valor social de la vivienda. Pero, por desgracia, el derecho a la misma sigue sin estar garantizado. Por eso, somos realistas al reconocer que el paso es ínfimamente más corto de lo que podía y debía haber sido, y de lo que terminará siendo. Por eso, y mucho más, tenemos claro que nuestra lucha no acaba aquí y será aún más fuerte a partir de ahora. Es el movimiento de vivienda lo que nos ha traído hasta este día, y es el movimiento de vivienda el que seguirá conquistando derechos aparte de defender los que ya hemos ido ganando. A continuación, vamos a detallar 5 aspectos concretos de la ley que nos preocupan especialmente:

1. Derecho a la Vivienda. – El Gobierno y sus socios han ignorado el reciente informe de los relatores de Naciones Unidas de Vivienda y Pobreza Extrema sobre el Proyecto de Ley (OL ESP 1/2023) que señalaba que “El proyecto de ley no consagra el derecho a una vivienda adecuada como un derecho humano de todas las personas" y que “consagrar un derecho en la legislación nacional solo tiene un valor limitado si las personas no tienen acceso a la justicia y recursos efectivos cuando pueden ser denegados o violados". La ley no ha incluido ninguna posibilidad de recursos administrativos ni judiciales para su cumplimiento, por lo que el ejercicio del Derecho no queda realmente protegido. Cualquiera puede recibir una demanda para desahucio, pero nadie puede demandar al Poder Público que corresponda para que le facilite una vivienda. 

2. Desahucios. – También en este aspecto se ignoran las principales demandas de nuestras organizaciones y el Informe de Naciones Unidas. Únicamente se incluyen medidas que alargarán los procedimientos judiciales, pero no se garantiza la alternativa habitacional para las personas vulnerables víctimas de desahucios. Desde la Iniciativa, pedimos la inclusión de la obligación a grandes tenedores, de ofrecer alquiler social a personas vulnerables, pero el Gobierno y sus socios no lo han querido tener en cuenta. En los años 21 y 22, a pesar del escudo social, se han ejecutado 79.628 desahucios. Nos preocupan enormemente los más de 52.826 procedimientos de ejecución hipotecaria que se encuentran en curso en los juzgados y que pueden acabar en desahucios; también la falta regularización adecuada de ocupaciones y de previsión ante el fin moratoria 15/05/24 a miles de familias, y sin asumir la responsabilidad limitada y la inembargabilidad de la vivienda habitual. Tampoco la ley tiene en cuenta que, para que una vivienda pueda tener la consideración de “digna y adecuada” ha de tener garantizado el acceso a los suministros básicos de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones. 

3. Alquileres. – En la regulación pactada se plantea un enfoque que propone congelar precios a nivel general y obligar a bajar precios en el caso de los grandes tenedores. Esto no es tan solo un retroceso respecto a lo que se había ganado con la Ley de Regulación catalana, una ley efectiva y de aplicación universal que obligaba a contener y bajar precios para todos los alquileres sin importar el tipo de tenedor, sino que tampoco es una medida de la cual se va a poder beneficiar todo el conjunto de la población. El Gobierno hoy ha fallado en su labor de garantizar el acceso a un alquiler asequible y estable para todo el territorio, al aprobar una herramienta de regulación de precios por primera vez en 40 años, pero solo para aquellas Comunidades Autónomas que así lo decreten. Además, la regulación de alquileres aprobada en la ley tiene serios defectos que desvirtúan su intención y la hacen inefectiva: está llena de agujeros puestos intencionalmente por los partidos para proteger los intereses de la patronal inmobiliaria y permitir que los arrendadores puedan continuar subiendo los precios del alquiler. En primer lugar, la regulación en las áreas tensionadas deja fuera a los alquileres turísticos y de temporada, por lo que los arrendadores que quieran saltarse la ley podrán desviar la oferta de alquiler residencial a alquiler de temporada sin ninguna sanción, tensionando todavía más el mercado. En segundo lugar, en las viviendas con precio regulado, lejos de asegurar la congelación de los precios respecto al contrato anterior, se podrán hacer subidas encubiertas de hasta el 10% alegando simples mejoras en la accesibilidad o incorporando nuevos gastos como el IBI. Por último, deben sumarse las subidas interanuales vinculadas a la inflación, que están permitidas hasta el 2% y el 3% respectivamente durante los dos próximos años y que no garantiza ningún otro límite a partir del 2025, a pesar de que ya estamos en máximos históricos en cuanto al precio de vivienda en ciudades como Madrid y Barcelona. Sin embargo, aunque sean insuficientes, hay ciertos avances que reconocemos como victorias de nuestra lucha y organización. El más significativo es que se ha puesto fin a la estafa de las inmobiliarias: los inquilinos ya no deberán pagar unos honorarios injustos, puesto que la ley reconoce que las inmobiliarias no son meras intermediarias, sino que trabajan para los rentistas y en contra de los intereses de los inquilinos, garantizando altos rendimientos de sus activos inmobiliarios. Los honorarios suponían no solamente un robo sino una barrera muy importante al acceso a la vivienda para muchas personas de la que por fin nos logramos librar gracias a la lucha colectiva. Asimismo, hemos presionado para bajar el criterio de gran tenedor de 10 a 5 inmuebles, en aquellas Comunidades Autónomas que así lo decidan. Todas las obligaciones que, a partir de este momento, se establezcan sobre los grandes tenedores, afectarán a un número mayor de rentistas y, por lo tanto, también beneficiarán a un mayor número de inquilinos.

4. Parque Público. – Aunque saludamos las promesas dirigidas a corresponsabilizar a las Administraciones en el acceso a la vivienda, y que rompen con las terribles políticas de derechas que nos han dejado en esta situación, tenemos que decir que el Proyecto de Ley carece de una elemental planificación del Parque Público y de la correspondiente memoria económica. Este vacío es respondido parcialmente por el presidente Sánchez con un anuncio de 113.000 viviendas (50.000 Sareb + 43.000 fondos europeos + 20.000 en suelos de Defensa y a través de SEPES. En todo caso, el exiguo parque público actual, del 1,6% de las viviendas principales, exige la construcción de 1.391.783 viviendas si se quiere llegar a la media europea del 9,3% de viviendas principales, según datos del Eurostat recogidos por el Observatorio de la Vivienda del Ministerio de Transportes; en todo caso. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda a todo el territorio del Estado, hemos pedido en nuestras aportaciones que los municipios con demanda residencial acreditada superior a la media del Estado deben disponer, en el plazo de 20 años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a política sociales del 20% respecto al total de viviendas principales existentes. Parque Público y emergencia habitacional Por otra parte, el parque público, a pesar de las recientes promesas, no va a permitir dar ya alternativa habitacional ante los desahucios y enfrentar la enorme emergencia habitacional:

• De hecho, las 43.000 viviendas de fondos europeos financiadas con el ICO y las 15.000 en suelos de la SAREB han de ser construidas y sólo podrán ser útiles en 5/10 año, al igual las ultimas 20.000 anunciadas
• Por otra parte, las 14.000 viviendas de la SAREB en las que viven ahora, servirán —y es muy importante— para no aumentar la emergencia de las mismas, debiéndose firmar con gran urgencia contratos de alquiler pendientes, retirar procedimientos judiciales injustos, encontrar alternativas a impagos y regularizar de ocupaciones de buena fe.
• Pero de las 21.000 de venta a CCAA y Ayuntamientos, solo se va a disponer de la mitad si se mantiene la proporcionalidad utilizada en diferentes CCAA (unas inhabitables, otras en zonas sin demanda o con una rehabilitación muy cara). Además, es una quimera y un sinsentido pretender que se endeuden más las CCAA y Ayuntamientos al obligar a recomprarnos nuestras propias viviendas, las de peor salida mercantil, cuya deuda de 35.000 millones está ya avalada con dinero público. Nos preocupa que la gestión del proceso esté en manos de dos grandes fondos de capital riesgo Blackstone (Aliseda/Anticipa) y KKR (Hipoges) y de Lone Star (Servihabitat). También que no se hayan ofrecido las mejores viviendas que tiene la SAREB (las 4+17000 previstas de Arqura Homes, destinadas a hacer caja.

En definitiva, hace falta una medida complementaria necesaria: el Alquiler Social Obligatorio para grandes tenedores aplicada con éxito en Cataluña para poder enfrentar la emergencia habitacional y los desahucios, y avanzar en los siguientes aspectos:

• La cesión obligatoria de las viviendas vacías de la banca rescatada deudora de préstamos y avales públicos; y programas con propietarios particulares para promover la cesión a ayuntamientos dando garantías
• El aumento de suelo para reserva de viviendas de protección social (del 40% al 50% de la edificabilidad en nueva urbanización y el 50% en el suelo urbanizado para actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).
• Extender y profundizar el derecho de tanteo y retracto, ya publicado en algunas Comunidades Autónomas, como la Valenciana.

5. Sinhogarismo. – Tal y como aseveran los relatores de Naciones Unidas en su informe "la falta de respuesta por parte del Estado a las solicitudes de asistencia para superar la exposición a la falta de vivienda y a condiciones de vida inhumanas puede constituir un trato cruel, degradante e inhumano, en violación del artículo 7 del PIDCP y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos" (sic). La Ley no prevé ningún derecho efectivo para las personas en situación de calle, lo que "viola la obligación fundamental del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de "garantizar la satisfacción de, al menos, los niveles mínimos esenciales" (sic). El sinhogarismo supone un peligro especialmente grave para los derechos a la vida, a la salud y la integridad física y a la seguridad de la persona, derechos Fundamentales de nuestra Constitución que continúan sin protección con esta Ley.

Cierre. - Si hoy hay Ley de Vivienda es gracias al esfuerzo titánico de miles de personas que han puesto su corazón y su cuerpo desobedeciendo leyes injustas para proteger a sus vecinas y vecinos del terror de los desahucios y los alquileres abusivos. Aunque sabíamos que no era la solución última al enorme problema al que nos enfrenamos, confiábamos en que esta Ley supusiera un gran avance en el camino hacia el derecho universal a la vivienda, acabando con el sufrimiento y la angustia de las personas en situación de precariedad habitacional. Lamentablemente no es así. A horas de su aprobación, hacemos un llamamiento a los partidos del Bloque de Investidura a introducir en esta fase final de la tramitación las medidas necesarias para que el derecho a la vivienda se haga efectivo y su protección quede garantizada jurídicamente.

Pero, lo más importante, es que haya ley o no haya ley, nuestros colectivos y organizaciones seguirán al frente de la lucha por el derecho a la vivienda. Por un lado, presionaremos sin cesar para que se apliquen las pequeñas medidas útiles que recoge la ley. Por otro, y mucho más importante, seguiremos organizando a la población, a la clase trabajadora, a la sociedad civil para defender algo que nunca se debería haber puesto en duda: que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna en la que construir un proyecto de vida estable, sea quien sea y viva donde viva.

Madrid, 27 de abril de 2023

Foto: Plataforma de Afectadas por la Hipoteca