La figura del Síndic de Greuges es un tesoro que tenemos en Catalunya. Por supuesto, no se trata de una institución única, más bien al contrario: forma parte de un amplio acervo de ombudsman, defensorías de derechos humanos que velan por el buen funcionamiento de la administración y el bienestar de las personas en todo el mundo. Naciones Unidas las denomina “Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH)”, apostilla que “desempeñan una función esencial en la promoción y el seguimiento de la aplicación eficaz de la normativa internacional de derechos humanos en el plano nacional” y se rigen por los Principios de París. Sin embargo, su existencia a nivel regional y local no está tan extendida. Incluso podemos decir que no son pocos los lugares cuya presencia es desconocida o sus actuaciones pasan desapercibidas. No es el caso de Catalunya, donde los dieciocho años de Rafael Ribó en el ejercicio del cargo han sido sumamente prolíficos, con informes y declaraciones relevantes para la agenda política y social.

En España, más allá del Defensor del Pueblo a nivel estatal –reglado por el artículo 54 CE–, contamos con nueve instituciones autonómicas de esta índole en la actualidad. Cabe tener en cuenta que en 2013 se suprimieron, por razones de austeridad y “eficiencia administrativa”, los defensores del pueblo de Castilla la Mancha y de La Rioja, y que hace un año Vox promovió –sin éxito– la supresión de la figura andaluza. A nivel local, existen también defensorías y sindicaturas locales, agrupadas en el Fòrum de Síndics i Defensories Locals (con 41 sindicaturas de Catalunya y 6 del resto del Estado), con una alta implicación y posicionamiento a favor de los derechos humanos desde el municipalismo.

El pasado 31 de mayo, Ribó impartió una conferencia sobre “el estado de los derechos en Catalunya”. A este acto de cierre del mandato asistió una curiosa amalgama de entidades y movimientos sociales, personalidades de la política institucional, periodistas y cargos públicos, símbolo del importante rol que el Síndic ha tenido durante este tiempo. Ciertamente, el final de su mandato no ha estado exento de polémica: por un lado, por su firme apoyo al derecho a la autodeterminación de Catalunya, cuya voz ha resonado a nivel internacional y hasta en Naciones Unidas. Por otro lado, por la dificultad para conseguir un relevo institucional: ha tenido que permanecer durante casi tres años en el cargo con el mandato expirado, consecuencia del desacuerdo político entre los grupos parlamentarios que lo eligen. 

Sin embargo, para las personas que trabajamos en los derechos humanos, hay un tercer elemento que es clave en su cierre de mandato y que el Síndic no pierde ocasión de enarbolar: la conformación de la Estructura de Derechos Humanos de Catalunya, en 2017, con una amplia representación de entidades sociales y expertos/as. La tarea principal de dicha Estructura fue la creación del Plan de Derechos Humanos de Catalunya: un documento ambicioso e innovador, aprobado en diciembre de 2019 tras un vasto proceso de participación social. Con tal de que dicho plan no se quede en un cajón,  desde la propia Estructura se ha apostado por la elaboración de indicadores para cada uno de los objetivos que permitan evaluar el grado de implementación del mismo. 

Ahora bien, estos primeros pasos tan valiosos mermarán mucho su capacidad de incidencia si las instituciones públicas no se toman en serio la difusión del Plan y su seguimiento. Publicitar la existencia del Plan de Derechos Humanos y realizar una campaña en medios de comunicación sobre el avanzado marco de defensa de los derechos de la ciudadanía es, a día de hoy, una tarea pendiente por parte del gobierno catalán. Mientras tanto, a nivel estatal, el Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática está elaborando el II Plan Nacional de Derechos Humanos, tras diez años de inexplicable vacancia desde que caducó el anterior (2008-2012).

Parece que, por un lado, los derechos humanos importen poco, y es necesario el impulso de la sociedad civil para la aprobación de planes y su seguimiento. Sin embargo, por otro lado, el nombramiento de aquellas personas que tienen que velar por su cumplimiento acostumbra a generar importantes disputas. Recientemente, así sucedió con el Defensor del Pueblo estatal, nombrado Ángel Gabilondo con cuatro años de retraso, con la Sindicatura local de la ciudad de Barcelona o con el dilatado relevo de Rafael Ribó, y basta ver la mencionada propuesta de Vox para Andalucía. En un contexto de guerra, crisis económica y ascenso de la ultraderecha, los próximos años serán clave para consolidar nuestras estructuras de derechos humanos. Esta tarea, si bien debe nutrirse del trabajo conjunto con entidades y organizaciones, no puede depender de su insistencia, capacidad y buena voluntad: es urgente fortalecer las INDH a nivel estatal, autonómico y local y desplegar los planes con una financiación adecuada, tal y como ha recomendado en múltiples ocasiones Naciones Unidas.