Mari es madre monomarental de un bebé de 3 meses; vive en situación de riesgo de exclusión residencial y antes que acabar viviendo en la calle, se ha visto abocada a recuperar una vivienda del BBVA. Ha intentado de todas las maneras posibles negociar con este monstruo bancario para pagarle un alquiler social y darle a su bebé un techo, pero el BBVA les quiere echar a la calle. Por su parte, los Servicios Sociales y el Ayuntamiento afirman no contar con viviendas para alternativas para ellos, por lo que desahuciarles es vulnerar su derecho básico a vivir bajo un techo digno.
Hay demasiadas familias en Hospitalet en la misma situación que Mari. La falta de respuesta de la Administración, unos alquileres que han subido el 40% en 4 años  y el empobrecimiento de los barrios hacen de esta ciudad el escenario perfecto para que bancos y fondos de especulación campen libremente.

Además, desde los Juzgados de l’Hospitalet se están ordenando desahucios en abierto, una práctica totalmente fuera de la legalidad y no recogida en ninguna norma. Al contrario, en los artículos 21, 437, 440, 447, 549 y 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece la necesidad de que se fije fecha y hora de lanzamiento de los desahucios. 

Si ya esto no fuera crítico, los Juzgados de l’Hospitalet asumen un criterio interpretativo, por el que se dará un plazo de 10 días entre desahucio y desahucio, llamando a los Mossos d’Esquadra la segunda vez y a los refuerzos de las Áreas Regionales de Recursos Operativos la tercera. 
Ésta es una interpretación de las normas cuanto menos cuestionable desde la defensa del derecho a la vivienda y su encaje en materia de legislación internacional y jurisprudencia a la que España está vinculada. Y con ella, los jueces están empujando al precipicio económico y social a las vecinas de Hospitalet, en vez de aplicar leyes superiores y tratados internacionales que amparan a las familias.

Por todo ello, nos dirigimos al aparato judicial de L’Hospitalet para solicitar que en el periodo de esta semana se convoque una reunión de emergencia entre el Juez Decano y los colectivos abajo firmantes con el objetivo de revisar el protocolo de desahucios ajustándose a los criterios internacionales en defensa de los Derechos Humanos.

Paralelamente, iniciamos una campaña de denuncia pública de estos hechos, solicitando la adhesión de personas y colectivos a este manifiesto y con la movilización ciudadana necesaria para acabar con esta vulneración sistemática de los derechos de todas.  
La ciudadanía organizada no consentirá ni un desahucio más. 

Contra el genocidio financiero.

Las familias primero. Juntas Sí Se Puede.

Adhesiones:

Sindicat de Llogateres, PAH, Observatori DESC, La Fundició, AViV La Florida