“Naciones Unidas” acostumbra a ser percibida como una entelequia que invocamos con distintos motivos, a menudo como fuente de autoridad en nuestros razonamientos. Las personas que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos sabemos sus límites y potencialidades. Conseguir un pronunciamiento favorable de la ONU sobre nuestras causas representa una victoria encomiable, que se plasma en titulares de prensa y se incorpora como lema en las luchas sociales. No obstante, no es infrecuente que el gran esfuerzo para lograr ese reconocimiento se quede en eso: un argumento de peso a la espera que los poderes públicos, si lo desean, lo lleven a la práctica. El gran reto es conseguir que las directrices de Naciones Unidas se hagan realidad, ya que no existe a día de hoy en España ningún mecanismo encargado de darles cumplimiento.

Este fue el caso de Ángela, que tras agotar las vías posibles de denuncia internas, llevó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas el asesinato de su hija a manos de su expareja en una visita no vigilada. Ángela, con el apoyo de Women’s Link, obtuvo un gran triunfo: que el comité fallara a su favor, condenando a España a indemnizarla y a tomar una serie de medidas en relación con la violencia machista.

Sin embargo, durante años este dictamen no se ha implementado, de modo que Ángela decidió exigir su cumplimiento ante los tribunales españoles hasta llegar al Tribunal Supremo en casación. Y se acaba de conocer la sentencia: el alto tribunal considera que el Estado “vulneró derechos fundamentales de la recurrente, concretamente sus derechos a la igualdad y a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral, y a la tutela judicial efectiva”.

Artículo de Irene Escoriuela publicado en Eldiario.es

El posicionamiento del Supremo tiene una enorme transcendencia, esta vez sí, práctica: en primer lugar, permitirá resarcir la injusticia a la que se ha visto sometida Ángela durante tanto tiempo. Este caso es muy importante porque cambiará su realidad, pero también la de muchas otras mujeres si se adoptan las medidas que se establecen en el dictamen. Este efecto multiplicador tiene un nombre: litigio estratégico, es decir, casos emblemáticos cuya resolución permiten cambiar una vulneración de derechos generalizada.

En segundo lugar, la clara interpretación del Tribunal Supremo respecto a la vinculatoriedad de los dictámenes de los comités de Naciones Unidas es un paso de gigante. Hasta ahora, el Gobierno se había limitado a considerar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es algo más bien simbólico, y que no tiene por qué generar efectos prácticos en nuestro ordenamiento jurídico como sí lo hace, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, la sentencia del Supremo establece lo contrario, teniendo en cuenta que se ratificó y publicó en el BOE la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y que, en virtud de los artículos 10.2 y 96 de la Constitución española, forma parte del ordenamiento jurídico interno.

En tercer lugar, hay otra consecuencia directa de esta sentencia. Está sobre la mesa la implementación de un dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo Pacto Internacional también está ratificado por España, así como su Protocolo. El dictamen, de hace un año, condena a España por vulneración del derecho a la vivienda, y le insta a modificar el procedimiento de desahucio y garantizar que nadie pierda su vivienda si no hay un realojo por parte de la administración. Diversas organizaciones de la sociedad civil y del mundo de la abogacía nos hemos unido para conseguir la aplicación de dichas recomendaciones, trabajando de cerca con el Defensor del Pueblo y manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios.

Finalmente, tal vez ha llegado el momento, aprovechando asimismo la coyuntura del nuevo gobierno, de empezar a creer en el sistema de Naciones Unidas, con todas sus dificultades, y tomar en serio sus directrices y recomendaciones. En marzo de 2018 España fue examinada ante el Comité DESC, con un suspenso mayúsculo y unas conclusiones muy claras sobre vivienda, salud o libertad sindical.

Desde la Plataforma DESC, donde participamos decenas de entidades de derechos humanos, del tercer sector y sindicatos, hemos propiciado la creación en el Congreso de un intergrupo parlamentario que facilite dicha implementación. Pero, además, un verdadero órgano interministerial que permita esa tarea sería sin duda de gran ayuda, es decir, un cauce adecuado para dar cumplimiento al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los artículos 10 y 96 de la Constitución Española, tal y como se ha reiterado por parte de la ONU en varias ocasiones. La sentencia del Supremo es sin duda una oportunidad de oro para hacerlo realidad.