Article publicat a La Vanguardia:

El crecimiento económico del Estado español se ha caracterizado por la promoción indiscriminada de viviendas en régimen de propiedad privada. Esto ha sido así tanto en el caso de las viviendas públicas como de libres. Esta apuesta por la propiedad constituye, sin embargo, una anomalía con el resto de países europeos. Mientras la media de viviendas de alquiler en la UE es de un 15%, en España es de un 10%. Y cuando en el resto de Europa se habla de vivienda social se hace referencia, fundamentalmente, a la existencia de pisos de alquiler a precios inferiores a los del mercado.

El impulso de la vivienda en propiedad data de los años cincuenta, bajo la dictadura franquista. Y ha continuado, en mayor o menor grado, hasta hoy. Las desgravaciones fiscales a la compra y el fomento del sobreendeudamiento han sido la expresión más acabada de esta política. Y la causa de la crítica situación actual. Pese a que los precios de los pisos no dejaban de subir, y aunque el valor real de los salarios bajaba, acceder a una vivienda en propiedad resultaba más fácil que alquilar un piso. Como resultado, el endeudamiento familiar creció de un 45% en 1995 a un 143% en 2008.

Con el estallido de la crisis, miles de familias se han visto incapaces de afrontar sus hipotecas. Y lo más grave, han descubierto que ni vendiendo el piso ni entregándolo al banco van a poder satisfacer el crédito hipotecario. La situación no sería tan grave si existiesen viviendas de alquiler social para alojar a las personas afectadas. Pero no es el caso. En la UE de los 15, las viviendas sociales en alquiler representan entre un 25 y 35% del total del parque habitacional. En España este porcentaje no llega al 2%.

La falta de respuestas institucionales a esta situación ha llevado a diversas organizaciones sociales y sindicales a impulsar una iniciativa legislativa popular, con un doble objetivo. Por un lado, lograr que la entrega de la vivienda al banco sirva para saldar la totalidad del crédito. Por otro, evitar los desalojos derivados del impago. Para ello, demanda que las familias afectadas puedan permanecer en la vivienda en régimen de alquiler social, dedicando hasta un 30% de sus ingresos al pago del mismo.

Dotarse de un parque de viviendas de alquiler a precios accesibles es una necesidad de primer orden en la actual crisis económica. Los bancos que en su afán de beneficios ilimitados hayan concedido hipotecas impagables deben asumir su parte de responsabilidad. Al menos, facilitando que las personas afectadas no queden en la calle y puedan acceder a un régimen de alquiler social.