El pasado jueves 18 de octubre los tribunales y el papel de las entidades financieras en las hipotecas constituídas con centenares de miles de persones en los últimos años para acceder a un derecho básico com es la vivienda, volvieron a todas las portadas de los medios de comunicación. En una sentencia destacada y hecha pública el pasado jueves, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, sección Segunda) modifica su jurisprudencia anterior y concluye que es el banco y no el cliente quien debe abonar el impuesto de las hipotecas. Se puede consultar la sentencia en el siguiente enlace: http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/979d8e2ccabb7187.

Es notorio que no se trata de la primera -ni última- ocasión que un Tribunal dirime sobre si la actuación de las las entidades financieras en la concesión de hipotecas en el estado español es ajustada a derecho. Han sido especialmente destacadas en este campo las resoluciones de tribunales europeos, específicamente sobre derecho de los consumidores, la mayoría de las cuales han sido serios correctivos al rol de las entidades financieras en el origen de las injusticias asociadas al sobreendeudamiento masivo con carácter abusivo asociado a la concesión de de las hipotecas, afectando de forma directa al acceso a la vivienda habitual de gran parte de la población de todo el estado en los últimos años.

También es conocido que el sector bancario ha usado en reiteradas ocasiones toda su capacidad de presión e influencia para tratar de neutralizar el impacto de las decisiones de la Justícia y del Legislador que pueden producir reducciones de su nivel de beneficios y negocio. Por ejemplo en el caso de las sentencias sobre cláusulas abusivas o en relación a las impugnaciones de las leyes de emergencia de las comunidades autónomas. Es un ejemplo escandaloso de esto último las declaraciones públicas del presidente del BBVA para que el Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy impugnara la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética [https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/BBVA-Blackstone-Ley_antideshaucios-Soraya_Saenz_de_Santamaria-Oriol_Junqueras-ley_antidesahucios_0_911908884.html], de la cual fuímos impulsoras y actualmente reclamamos su restitución por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Con los precedentes que existen en relación a la capacidad de influencia del sector sobre el poder político y judicial, es totalmente razonable y fundamentado el rechazo que ha generado la decisión de congelar la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas "por su repercusión económica y social" por tiempo indeterminado hasta que se reuniera su Pleno, hecha pública del día siguiente a la sentencia, 19 de octubre, por parte del Presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Hace pocas horas ha trascendido que la decisisón se tomará en el pleno del próximo 5 de noviembre.

No es esta la primera ocasión tampoco en la que bajo el argumento del impacto económico que pueda tener el hecho que las entidades financieras asuman su responsabilidad en el drama de los desahucios y las estafa bancaria, se elude esa asumpción necesaria de responsabilidades a la vez que se minimiza el impacto social y económico gravísimo que su acción ha generado en amplias capas de la población.

Por todo ello, el Observatori DESC quiere manifestar que se suma al rechazo generado por la suspensión temporal de la Sentencia sobre el impuesto de las hipotecas ya expresada por asociaciones de referencia, como la misma Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Jueces y Juezas por la democracia, o FACUA, entre otras.

Esperamos que todo lo referido se clarifique de forma urgente en favor de la justícia para la población afectada y más vulnerable. Una sociedad no avanza sin una Justícia que proteja los derechos fundamentales de su población de forma independiente del poder de las grandes corporaciones.