[Análisis] Luces y sombras de la nueva sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del derecho a la Vivienda
Tras casi dos años desde la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, el Observatori DESCA analiza la última de las sentencias del Tribunal Constitucional que estudia dicha Ley. Este análisis se suma al realizado el año anterior, cuando publicamos el documento de análisis ‘Un año después. Ley por el Derecho a la Vivienda, donde ya incorporamos el examen de la primera sentencia del Tribunal Constitucional.
Como recordábamos en la valoración del acuerdo que permitió la aprobación de la norma, desde el Observatorio DESCA consideramos que ésta no se puede entender sin tener en cuenta el contexto de fuerte debate —social, económico, político y jurídico— de las últimas dos décadas en torno a la vulneración del derecho a la vivienda en el Estado español, así como el rol fundamental de los movimientos sociales vinculados al derecho a la vivienda.
Después de dos años desde su entrada en vigor, el malestar en torno al derecho a la vivienda ha crecido hasta percibirse como el primer problema en el Estado (CIS, 2025). Dicha realidad ha provocado una nueva ola de protestas vinculadas al derecho a la vivienda, la ecología y la lucha contra la turistificación, que se inició en Canarias el 20 de abril bajo el lema de ‘Canarias tiene un límite’, y que se ha extendido a otros territorios como las Islas Baleares, Madrid y Barcelona. Parece claro que la LDV es insuficiente y que se requieren más medidas para prevenir la especulación. Especulación que, tal y como afirma el propio Tribunal Constitucional, no solo no se encuentra protegida por la Constitución española, sino que existe "un mandato constitucional dirigido a los poderes públicos para su evitación".
Todo ello en un contexto en que coexisten dos realidades paralelas. Mientras se critica a la LDV por sus efectos negativos sobre el mercado inmobiliario y se afirma que no se aplicará en las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, la realidad es que las zonas de mercado residencial tensionado tan sólo se han declarado en Cataluña y en Euskadi.
A continuación, en el apartado “Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional” se analiza la sentencia del Tribunal Constitucional referida, así como algunas cuestiones que permiten situarla debidamente. A continuación, se detalla qué ocurre con los desahucios de familias vulnerables en viviendas de grandes tenedores tras la anulación de la obligación de estos últimos de acudir a procedimientos de conciliación o intermediación en el apartado “Efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la intermediación”. Y por último se analizan los recursos pendientes por resolver por parte del TC y se adjunta un cuadro resumen de las medidas analizadas por el TC en fecha de este informe.
