Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado español (Informe intermedio para el tercer ciclo del examen periódico)

El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso especial que supone una revisión periódica del historial de derechos humanos de todos los 193 Estados Miembro de las Naciones Unidas. Ofrece una oportunidad para que todos los Estados declaren qué medidas han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para superar las dificultades para el disfrute de los derechos humanos. Desde la Plataforma DESC valoramos los compromisos asumidos por España y valoramos su cumplimiento periódicamente.

A pesar de los cambios legislativos y en las políticas públicas que se han producido en el Estado español desde que asumiera las recomendaciones del EPI en el año 2020, desde las organizaciones de la sociedad civil valoramos que, en la mayoría de los casos, han sido insuficientes para abordar las causas estructurales de la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales que afectan a las personas en situación
de mayor vulnerabilidad. Actualmente España está superando su Tercer Ciclo (2020- 2025) del Examen Periódico Universal (EPU) y la Plataforma DESC España ha hecho su Informe Intermedio para evaluar las políticas públicas en relación a la: 

• Justiciabilidad
• No regresividad en las políticas públicas para los derechos económicos, sociales y culturales.
• No discriminación

Las modificaciones legislayivas que se han llevado a cabo han sido limitadas o no han terminado su tramitación por los bloqueos y desacuerdos entre los propios socios de gobierno de coalición. Como señalamos en el informe, es el caso de Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, del Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda o de la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. 

Por otro lado, si bien se han adoptado medidas de política pública para paliar los efectos de la COVID 19 y de los efectos de la guerra de Ucrania en la económica europea en la población española, estas medidas no han llegado a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y en situación de exclusión. La Abogacía del Estado cuestiona los comités internacionales de Derechos Humanos Finalmente, es motivo de gran preocupación la CIRCULAR 1/2020 de la Abogacía General del Estado sobre “La Naturaleza Jurídica de las Resoluciones dictadas por los Comités encargados del Seguimiento de los Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. En esta circular se cuestiona el valor de las decisiones adoptadas por los Órganos de Tratado con el único fin de eludir las obligaciones internacionales del Estado español derivadas de la ratificación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Es especialmente grave el cuestionamiento teniendo en cuenta el incumplimiento de la ejecución de los Dictamen emitidos por el Comité DESC a España y las más de 150 reclamaciones individuales que están pendientes de resolver por parte del Comité.