Estamos inmersos en una crisis habitacional o residencial con manifestaciones y consecuencias amplias y diversas que comportan vulneraciones del derecho a la vivienda, a la salud y derechos energéticos.

El acceso a la vivienda se ha convertido, en los últimos años, en un trabajo de investigación y comparación de precios, lugares y condiciones que genera una carga emocional y de desgaste negativo muy grande para muchas personas que buscan un piso para vivir. Si, además, sumamos la dificultad económica, nos encontramos situaciones de vulneraciones y de inseguridad residencial que tienen un efecto clarísimo y estudiado en la salud de las personas: en su vida.

Son muchas las familias que desde el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 han vivido un calvario con la vivienda, a menudo sin conseguir soluciones o respuestas satisfactorias desde las instituciones. La consecuencia más visible han sido los desahucios, la pérdida de la vivienda habitual de miles de familias en los últimos 12 años: en todo el periodo que habitualmente se describe como emergencia habitacional, 1.710.963 personas han perdido su hogar en todo el estado español y 323.705 lo han hecho en el ámbito catalán.

Hay familias que en su día se endeudaron para acceder a una vivienda. Con la crisis, perdieron su casa acompañada con una deuda de por vida. Muchas no han podido levantar cabeza porque esta losa les condena para siempre. A pesar de que muchas personas piensan que esto ya forma parte del pasado, no se ha legislado nunca para regular de una vez por todas la dación en pago o mecanismos para evitar el sobreendeudamiento. Mientras tanto, la mayoría de estas familias han resistido como ocupas en su propia casa hipotecada ya en manos de bancos y fondos buitres. A estas familias se les han sumado las que no pueden afrontar la subida del alquiler y las que a causa de la economía familiar han tenido que ocupar viviendas vacías de los bancos para vivir. Muchas de ellas se han visto forzadas a marchar de su casa más de una vez. Sus hijas han vivido una infancia de cajas y desahucios y quizás han llegado a la adolescencia en una habitación de hostal compartida con sus hermanos y sus padres, a la espera de un piso social que parece que nunca llega.

Y es que la vivienda se ha convertido en un problema estructural y un factor de exclusión social como nos recuerda el informe número 14 del INSOCAT. Estamos inmersos en una crisis habitacional o residencial con manifestaciones y consecuencias amplias y diversas que comportan vulneraciones del derecho a la vivienda, a la salud y derechos energéticos, y que presenta el riesgo de convertirse en permanente si no se actúa adecuadamente para revertirla. Para hacerlo posible, tenemos al alcance leyes catalanas que no se están exprimiendo suficiente y, ahora, una oportunidad en el ámbito estatal con la ley de la vivienda.

En Catalunya, los movimientos sociales y la ciudadanía organizada han hecho posibles cambios legales para paliar estas situaciones mediante alquileres sociales. Las leyes de contención de rentas o la de emergencia habitacional y pobreza energética de 2015, ampliada recientemente, que es una herramienta para evitar desahucios a familias vulnerables en situación de impago de hipoteca o de alquiler. En caso de que haya finalizado el contrato de alquiler, tanto si es de mercado como si es social, y que la persona se encuentre en inseguridad residencial, la entidad financiera y/o gran tenedor tiene la responsabilidad de ofrecerle un alquiler social, garantizando el acceso a una vivienda digna.

La obligación de ofrecer alquileres sociales en casos específicos de pérdida de vivienda como las ocupaciones, que recientemente se ha aprobado en el Parlamento, es una ley que sirve para abordar problemas reales de las personas y que les da soluciones. El reto ahora, sabiendo que el pulso con los 'lobbies' económicos es constante, es conseguir el compromiso de la Generalitat y las administraciones competentes para exigir su cumplimiento íntegro y sancionar a quién se salte la norma. Catalunya tiene que dejar atrás el 'ranking' de la vergüenza de los desahucios: 9.398 en 2021, en pleno covid-19.

Desde todos los sectores hay que empujar para que así sea, porque es imprescindible que garanticemos el derecho a la vivienda: garantizar la vida.