«El derecho internacional exige que los Estados dejen de obstaculizar la exención de los ADPIC y, en cambio, garanticen la solidaridad sanitaria mundial en el acceso a las vacunas y tratamientos contra el COVID-19», dijo Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ, en Ginebra.

El 2 de octubre de 2020, Sudáfrica e India presentaron una propuesta al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. Propusieron una exención temporal de la aplicación de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para permitir que todos los Estados garanticen el acceso a una gama completa de diagnósticos, medicamentos, vacunas, terapias y otros productos de salud relevantes necesarios para la contención, prevención y mitigación del COVID-19.

Esta propuesta ha recibido el apoyo de más de 100 Estados, pero otros Estados, como el Reino Unido, Noruega, Suiza, Alemania y la Unión Europea, continúan oponiéndose activamente o obstruyendo de otras maneras la adopción de la propuesta. Varios órganos de tratados de la ONU y procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han pedido a los Estados que desistan de impedir la exención para garantizar que todos los Estados puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

La opinión legal experta, que ya ha sido respaldada por más de 85 destacados expertos legales, establece en detalle las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y concluye que, cuando la OMC se reúna a finales de este mes, corresponde a todos los Estados desistir de bloquear la exención de los ADPIC. Estas obligaciones se establecen en varios tratados internacionales a los que están vinculados una significativa mayoría de los Estados miembros de la OMC. Alrededor del 87% de los Estados miembros de la OMC tienen obligaciones concurrentes en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el 88% de los Estados miembros de la OMC tienen obligaciones concurrentes en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR).

“Como detalla decisivamente la opinión publicada, los Estados deben cooperar para garantizar la plena realización de todos los derechos humanos, incluyendo sus obligaciones inmediatas para garantizar el acceso integral a las vacunas y tratamientos contra el COVID-19”, dijo Zarifi.

 

“Es más, existe un amplio precedente con la OMC para la emisión de tal exención y proteger la salud pública, en aras del interés público”.

La opinión (en inglés), que se elaboró ​​a través de un esfuerzo de colaboración con una amplia gama de expertos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, permanece abierta a nuevas firmas.

Contactos

Timothy Fish Hodgson, Asesor legal en derechos económicos, sociales y Culturales, timothy.hodgson(a)icj.org

Tanveer Jeewa, Oficial legal y de comunicaciones, tanveer.jeewa(a)icj.org

Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ, sam.zarifi(a)icj.org

Descargas (solo disponible en inglés)

Obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos sobre no obstaculizar la propuesta de exención de los ADPIC relacionados con COVID-19:  reporte y resumen ejecutivo

Antecedentes

Existe una gran desigualdad en el acceso a las vacunas COVID-19 en todos los Estados y dentro de ellos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado repetidamente el hecho de que el continente africano representa solo el 2% de las vacunas mundiales aplicadas contra el COVID-19. Esto, a pesar de que África constituye aproximadamente el 17,5% de la población mundial. Solo 15 de las 54 naciones africanas habían cumplido el objetivo de la OMS de vacunar al 10% de la población de cada país para fines de septiembre de 2021. El Secretario General de la ONU ha descrito esta situación como “una acusación moral del estado de nuestro mundo” y una ‘obscenidad’.

El 14 de octubre de 2021, seis expertos independientes de la ONU enviaron un total de 44 cartas a los Estados del G7 y del G20, la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, así como a las empresas farmacéuticas, pidiendo “una acción colectiva urgente para lograr un acceso igualitario y universal a COVID -19 vacunas”, incluyendo la emisión de una exención del Acuerdo sobre los ADPIC.

La Comisión Internacional de Juristas ha apoyado constantemente la exención de los ADPIC, incluyendo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. La investigación de la CIJ ha documentado el impacto devastador y de gran alcance de la falta de adopción de dicha exención en una variedad de contextos que incluyen el sur de África, Tailandia, Nepal, Palestina y Colombia.