Las consecuencias de la inflación y el encarecimiento de los precios están llevando al límite a millones de hogares españoles que ya no llegan a final de mes. En este contexto de emergencia, en el que el precio del alquiler continúa subiendo, y los desahucios continúan ejecutándose, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sigue enrocado en las negociaciones del proyecto de Ley de Vivienda Estatal y se mantiene inamovible frente a la petición de los grupos políticos y las organizaciones por el derecho a la vivienda de incorporar dos enmiendas claves: la obligación de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables antes del desahucio, y la regulación efectiva de los precios del alquiler.

Frente a este panorama, esta mañana varias organizaciones entre las que destacan los Sindicatos de Inquilinos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los sindicatos laborales (CCOO, UGT y Confederación Intersindical), Amnistía Internacional, Observatori DESC y la Mesa del Tercer Sector (entre muchos otros), se han reunido en representación de la plataforma Iniciativa Ley Vivienda con los portavoces de los partidos del bloque de investidura. En la reunión se les ha pedido que presionen al Gobierno para que se desencallen las negociaciones cuanto antes, de forma positiva, esto es, incluyendo en la ley medidas que justifiquen el nombre de Ley por el Derecho a la Vivienda, que desde el Gobierno se le otorgó.

Al finalizar la reunión, los portavoces de ERC, EH Bildu, Unidas Podemos, BNG, Más País i CUP, han hecho declaraciones junto a los portavoces de la Iniciativa Ley Vivienda, comprometiéndose públicamente a no dar el si a la ley si esta no sirve efectivamente para garantizar el derecho a la vivienda y proteger a la mayoría de la población frente a la especulación inmobiliaria.

El Secretario de Vivienda se niega a aprobar medidas de emergencia para proteger a los hogares de la inflación

El pasado jueves David Lucas, Secretario General de Vivienda, se reunió tanto con los Sindicatos de Inquilinos como con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quienes, en sendas reuniones, exigieron a Lucas que el Gobierno tome medidas de emergencia en materia de vivienda para frenar las consecuencias de la inflación sobre las economías domésticas.

Para proteger a los hogares inquilinos frente a subidas de alquiler y revertir la asfixia económica agravada por la inflación, los sindicatos han propuesto a Lucas un conjunto de medidas coyunturales y temporales que deberían aprobarse urgentemente en el marco de las medidas anticrisis en el próximo paquete. En primer lugar, exigen la congelación de los alquileres a través de prórrogas obligatorias de contratos para evitar subidas o expulsiones en las finalizaciones de contrato, como ya se están viviendo. En segundo lugar, las actualizaciones interanuales de los precios del alquiler, antes vinculadas con el IPC y ahora limitadas al 2%, deben eliminarse, es decir, pasar al 0%. Por último, exigen revertir las actualizaciones de alquiler realizadas desde el 31 de octubre del 2021 hasta marzo de 2021.

Por otra parte, las medidas de protección frente a los desahucios vigentes son claramente insuficientes, como demuestran los 52.161 ejecutados a pesar de esas medidas entre enero de 2021 y marzo de 2022. Son necesarias medidas de urgencia, como congelar el incremento de las cuotas hipotecarias (aquellas que les toque revisión en los próximos meses) y de los alquileres, y aumentar el alcance de las medidas antidesahucios, prohibiendo expresamente todos los que afecten a familias vulnerables sin alternativa habitacional digna. Medidas similares se han aprobado ya en Escocia, y van camino de aprobarse en Alemania.

Pero estas medidas de carácter temporal no serán suficientes, por lo que son imprescindibles medidas estructurales que deben incluirse en la próxima Ley por el Derecho a la Vivienda como las que hemos aportado en forma de enmiendas al proyecto de ley del Gobierno, y que llegan avaladas por 9 formaciones políticas del Congreso.

Una Ley Vivienda efectiva: la única forma de proteger a los hogares

Frente a la negativa de Lucas de implementar medidas urgentes para hacer frente a la situación de inflación y asfixia económica de los hogares, la única vía posible es la aprobación de la Ley Vivienda. El único consenso posible, tal como han manifestado hoy los grupos políticos, es la incorporación de medidas que hagan de la Ley un texto realmente efectivo que acabe con las subidas de los alquileres, proteja a los hogares frente a los desahucios e incorpore las viviendas de la SAREB al parque público de vivienda. Cada día que pasa sin que se apruebe la Ley Vivienda el Gobierno está escogiendo defender los intereses de la patronal inmobiliaria frente a la protección que precisan miles de hogares.