La campanya Qui deu a qui? vol expressar el seu rebuig més profund al nou pla del Executiu central mitjançant el qual pretén destinar 100 milions d’euros, amb càrrec al Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD) per finançar projectes que afavoreixin la exportació d'infraestructures a Àfrica.

Aquest pla, que té per objectiu impulsar la internacionalització de les empreses espanyoles, endeutarà encara més als països receptors. Els crèdits FAD són el principal instrument generador de deute extern del Estat espanyol en tercers països. Aquests crèdits s’atorguen als països receptors en millors condicions financeres que les del mercat, fet que els fa més atractius que els crèdits comercials. Tanmateix, l’estat receptor s’endeuta sense disposar de la llibertat de contractació per l’execució dels projectes, ja que els FAD s’atorguen sota la condició de compra de béns i serveis espanyols.

(a continuació en castellà)

Con ello, además de endeudar al país y obligar a que éstos desatiendan parte de sus necesidades internas (hay países que destinan más del 30% de su presupuesto interno al pago de esa deuda), se destruye las capacidades locales de crear un tejido industrial propio. Tratándose de una empresa española quien ejecuta los proyectos que financian esos créditos, la mayoría de los beneficios recaen en la economía española y no en la de los países empobrecidos, una característica inapropiada para un instrumento cuya finalidad principal debiera ser el desarrollo de los pueblos empobrecidos.

El Gobierno justifica esta medida para diversificar e incrementar la actividad exportadora de España, mejorar la imagen y el posicionamiento del país en los mercados internacionales y hacer del sector "una punta de lanza en la lucha contra la crisis", lo cual nos parece del todo irrazonable tratándose de un mecanismo que se contabiliza como Ayuda Oficial al Desarrollo. Además, no pensamos que endeudar más a los países africanos sea la fórmula para salir nosotros de una crisis en la que ellos también están metidos.

Además, la campaña ¿Quién debe a quién? quiere denunciar la voluntad del Gobierno de flexibilizar los seguros por cuenta del Estado gestionados por la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE),ya que éstos son el segundo mecanismo por el que se genera deuda en los países empobrecidos.

La campaña considera que antes de seguir promoviendo dichos instrumentos generadores de deuda el Gobierno central debería de afrontar sin más dilaciones (llevando ya más de un año de retraso) la reforma legal del FAD y de CESCE, tal y como está obligado por la Ley 38/2006, del 7 de diciembre, reguladora de la Gestión de la Deuda Externa en su disposiciones transitorias primera y tercera, respectivamente.

Exigimos que en dichas reformas se prioricen los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ecológicos de los pueblos receptores de estos fondos por delante de los intereses comerciales españoles, así como que se elimine la utilización de instrumentos crediticios como los créditos FAD de la Ayuda Oficial al Desarrollo. De la misma manera, demandamos que en estas leyes se establezcan los mismos niveles legales de responsabilidad de las empresas receptoras que aquellos que actualmente están en rigor en el Estado español.

Por todo ello, exigimos al Gobierno que antes de llevar a cabo los planes previstos presente de manera inminente un proyecto de reforma del FAD y CESCE, que pueda ser debatido en profundidad con el conjunto de la sociedad civil preocupada por la justicia social y el desarrollo integral y humano de los pueblos empobrecidos del Sur, los cuales han tenido que sufrir durante 30 años de unos instrumentos tan perjudiciales e ineficaces para su desarrollo.

23 de enero de 2009