Barcelona, 11 de marzo

Recientemente hemos conocido que el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha archivado por tercera vez la causa contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y la interventora de Derechos Sociales, a los cuales se acusaba de trato de favor hacia algunas entidades de defensa de derechos humanos de Cataluña como son el Observatorio DESCA, Ingeniería Sin Fronteras, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona, o la Alianza contra la Pobreza Energética. Este archivo, no obstante, estaba pendiente de un posible recurso por parte de la acusación pero ayer acabó el plazo sin ninguna apelación, convirtiendo la resolución en firme. Se han cumplido por lo tanto los pronósticos que hicimos hace unos meses: los tribunales no han encontrado ningún indicio ni prueba de los hechos a los cuales se ha acusado al anterior gobierno barcelonés.

Las entidades afectadas emitimos este nuevo comunicado para reivindicar nuestra tarea después de un proceso judicial que que se ha alargado durante años y que ha comportado un desgaste y un descrédito injusto hacia las personas y organizaciones que hemos sufrido esta guerra política encubierta. Denunciamos la instrumentalización de la justicia que algunos agentes de poder están ejerciendo contra nosotros al ver sus intereses económicos amenazados por nuestro trabajo.

Desde el tejido cívico de Barcelona queremos poner en valor nuestra lucha por la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía a través de nuestra defensa de derechos fundamentales como el derecho a la vivienda o a la energía. Durante todo el proceso hemos estado tranquilas, porque trabajamos siempre desde la transparencia y honestidad, pero todas sabemos que las causas judiciales generan angustias, preocupaciones y desconfianzas: es lo que busca esta guerra judicial. Por su parte, destacamos que la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, la principal instigadora de este proceso, manifiesta claramente intereses privados y empresariales, tal y como han demostrado diferentes investigaciones.   

Los intentos de criminalizar la tarea de defensa de derechos humanos y de desprestigiar una institución pública -en este caso el antiguo gobierno del Ayuntamiento de Barcelona- para incorporar determinadas entidades sociales en el marco de políticas de defensa y de ejercicio de derechos son ya numerosos y hace años que duran. De hecho, hace más de dos años la Fiscalía ya optó para poner fin esta causa, pero siguió adelante porque la Audiencia de Barcelona decidió que se tenía que volver a activar. Que ninguna de estas estrategias haya prosperado hasta ahora demuestra que nuestro trabajo como entidades en el marco de convenios o proyectos financiados viene fundamentada por nuestra larga y sólida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, hecho que choca frontalmente con los intereses privatizadores y especulativos de grandes corporaciones.

La guerra judicial se tiene que acabar y esto solo podrá pasar si todos los estamentos sociales, políticos y judiciales se alinean en contra y respetan los principios democráticos más elementales. No hacerlo implica aceptar el “todo vale” y es entonces cuando se normalizan los discursos de odio que ponen en cuestión los derechos y las libertades de las cuales disfrutamos hoy, y que se han ganado gracias a personas que, a pesar del riesgo de sufrir represalias, apostaron por la lucha colectiva y los bienes comunes. En un contexto de reacción contra estos avances, es importante que la ciudadanía se informe de manera crítica y se organice en las luchas y las iniciativas sociales y solidarias. En nuestro país el tejido asociativo es muy fuerte, y estamos seguras que continuará siéndolo, a pesar de los ataques en contra y gobierne quien gobierne.