A inicios de 2023, este informe se redacta en el contexto del desarrollo de diferentes marcos normativos que tienen el objetivo de regular la actividad de empresas privadas transnacionales y su impacto en los derechos humanos. En el ámbito internacional, en Naciones Unidas, se llevan desarrollando desde 2014 los encuentros del grupo abierto para la elaboración del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos (Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos); la Comisión Europea y el Gobierno español están avanzando respectivamente en un borrador de normativa sobre diligencia debida, y en el ámbito catalán se está debatiendo en el Parlament la creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos.

Este auge de procesos normativos se está dando por una diversidad de factores, pero hay uno que precede al resto. A pesar del desarrollo de marcos normativos voluntarios para empresas en las últimas décadas, persiste un alto grado de impunidad de los actores privados transnacionales por las vulneraciones que cometen ellos mismos o sus empresas subsidiarias, proveedoras o subcontratadas en países terceros. Esta impunidad se mantiene a pesar de que existen marcos legales nacionales en los países donde se cometen las vulneraciones que prohíben los actos cometidos y, en algunos casos, sentencias judiciales firmes que establecen la responsabilidad de la empresa local y medidas de protección de los derechos sociales y ambientales vulnerados. 

Ahora bien, muy raramente estas sentencias tienen un verdadero impacto, pues, en el poco habitual caso en que se cuente con alguna, no apuntan a la responsabilidad de las empresas matrices y, en el todavía más extraño caso en que lo hagan, su decisión no tiene efectos extraterritoriales. Es por estos motivos por lo que insistimos en la necesidad de crear un marco normativo vinculante e internacional que establezca mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas, y que permita enjuiciar a la empresa matriz por las vulneraciones de las empresas subsidiarias. De todos modos, la impunidad corporativa no es solamente atribuible a la ausencia de marcos normativos o a la existencia de regulaciones deficientes. Existen mecanismos de carácter social, político y económico que juegan un papel crucial en evitar que las empresas cometan vulneraciones o en impedir que se responsabilicen cuando lo hacen. Para entender cuáles son los mecanismos que contribuyen a esta impunidad, es necesario analizar los procesos jurídicos, sociales, políticos y económicos en el contexto de diferentes casos.

Este informe surge con la voluntad de determinar cómo las empresas transnacionales consiguen perpetuar esta impunidad. Por un lado, hemos elegido el caso paradigmático de Chevron en Ecuador para desgranar qué mecanismos contribuyeron a o impidieron la responsabilización. En segundo lugar, hemos analizado la declaración del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, en el departamento del Vaupés, en Colombia, y los efectos que ha traído esto en demandas de arbitraje contra el Estado amparadas por tratados de libre comercio (TLC). Por último, también en el Vaupés, se analizará el caso de las comunidades multiétnicas ubicadas en el resguardo indígena del Timbó, quienes habitan uno de los pocos bosques vírgenes que quedan en el planeta, y que enfrentan la amenaza latente de la explotación minera. En el análisis de los tres casos vemos que la impunidad sigue siendo un patrón que se reproduce a lo largo del tiempo. 

En cuanto a la metodología empleada, en los dos primeros casos analizados extraemos los mecanismos que conducen a la impunidad de estas empresas o que contribuyen a la responsabilización por las vulneraciones cometidas. También contemplamos que los mecanismos actúen ex ante: que actúen para prevenir que se cometa una vulneración, o bien que faciliten que esta tenga lugar. En el último caso tratado, sobre la amenaza de explotación en el resguardo del Timbó, se reflexiona, a través de entrevistas realizadas en el territorio, sobre cómo pueden operar los mecanismos analizados, y se añaden observaciones adicionales. Algunos de los mecanismos que hemos detectado son los efectos de la firma de tratados multilaterales o bilaterales de inversión, de nuevos marcos jurídicos normativos de configuración de responsabilidad y carga de la prueba, la movilización ciudadana, modalidades de financiación de equipos jurídicos, o los contextos de conflicto armado. El esfuerzo en los análisis se ha centrado en extraer procesos que se dan en estos casos, pero que pueden repetirse en casos venideros. Remarcamos que es sorprendente ver la repetición de las problemáticas. Los mecanismos siguen siendo los mismos, lo que nos indica que el escenario ha cambiado poco en los últimos treinta años. Por otro lado, también se ha resaltado en los análisis que persiste la necesidad de poner a las víctimas en el centro, y que los procesos de litigio se centren en los efectos para las comunidades y en la irrefutabilidad de las pruebas.

La voz de las comunidades que sufren un potencial impacto por parte de actores transnacionales es vital para evitar más vulneraciones. En este informe se ven reflejadas a través del trabajo realizado con las comunidades del Timbó de Betania, Bogotá Cachivera y Murutinga, del departamento del Vaupés, en Colombia. Su testimonio realza la necesidad de actuar para romper los mecanismos detectados en los casos de Chevron y del Yaigojé, e indica también nuevos campos de análisis. Este informe es, por lo tanto, el resultado de investigaciones principalmente jurídicas, pero que han comprendido análisis sociopolíticos, económicos y culturales. Se ha entrevistado a tres personas expertas en los casos de Chevron y del Yaigojé, una experta jurista que trabaja en el departamento del Vaupés, tres líderes de las comunidades indígenas potencialmente afectadas y dos miembros de las mismas comunidades. Con todo su conocimiento, y con el que podemos aportar desde el Observatori DESC, esperamos contribuir al debate sobre cómo afrontar las impunidades y poder sensibilizar acerca de su perpetuación.