En el sector de las residencias, la gestión privatizada se ha traducido en una reducción de fines el 25% de gasto en personal por hora trabajada si lo comparamos con la gestión por parte de los organismos públicos. Descontando la inflación desde el año 2002, las empresas con ánimo de lucro que gestionan residencias de gente mayor solo destinaron 7,7€ por hora trabajada en personal, muy por debajo de los 8,5€ que destinan las entidades sin ánimo de lucro o bien los 10,1€ en los casos de las residencias públicas. Mientras que el gasto de las residencias gestionadas de manera privada es baja, se dispara el margen limpio de beneficio. Así mismo, en 2019 las residencias públicas tuvieron un 1,2% de margen; aquellas gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, un 3,9%, y las empresas tuvieron un 10% de beneficio.

Esta es una de los datos que que el Observatori DESC y Espai Zero Vuit aportamos al nuevo informe Hacia un modelo público-comunitario por la provisión de servicios públicos. El caso de los servicios de curas en Cataluña, donde estudiamos el caso de la gestión de los servicios de curas, en particular los servicios de atención a las personas mayores. 

Casos de éxito del modelo público cooperativo

El informe, además de aportar datos sobre los problemas (costes de control, aumento de la burocratización, empeoramiento del servicio y precarización de la plantilla, entre otros) que ha generado el modelo de privatización de las residencias impulsado desde los años ochenta, también estudia vías para revertir la situación e impulsar formas más justas y efectivas de gestionar los bienes y servicios públicos, que están surgiendo con fuerza tanto en Cataluña como otros países especialmente después de la pandemia, que obligó al Estado a intervenir 89 residencias -29 de ellas, catalanas-, la mayoría privadas.

Por estos motivos al informe hemos revisado casos que han conseguido ofrecer una mejor atención a la gente dependiente y unas mejores condiciones laborales a través de la participación y la gestión cooperativa; modelos donde se introducen criterios de gestión democrática de servicios de salud; y modelos permiten reformar los servicios de atención domiciliaria hacia una mejor territorialización reforzando, al mismo tiempo, lógicas de cura y la comunidad. Estos casos demuestran que el modelo público comunitario tiene, de entrada, muy potencial. Sin embargo, también existen límites políticos y legales que se pueden resolver desde la legislación. Entre las diferentes propuestas que planteamos a las conclusiones, destacamos la necesidad de derogar las normas que limitan de manera indiscriminada el gasto público de los entes locales, reformar la Ley de Dependencia para que incluya un mínimo legal de financiación por parte del Estado, así como crear un marco legal para las cooperativas de servicios públicos en Cataluña.

El informe concluye con varias recomendaciones, además del que ya hemos mencionado: propone la posibilidad de crear cláusulas de limitación de generación de beneficios excesivos en la contratación. Así mismo pedimos un mejor acceso a los datos sobre empresas que tienen prohibida la contratación, y proponemos penalizaciones en los criterios de adjudicación cuando se hagan ofertas anormalmente bajas; o bien ampliar la prohibición de contratar sobre causas ligadas a contratos a todos los organismos de contratación. También incluimos medidas ligadas en la aplicación de criterios de territorialización y democratización en el diseño de los servicios, como la creación de equipos de atención interdisciplinarios de curas y salud con el apoyo de infraestructuras físicas o el fomento a la mancomunación de los servicios. Hay que replantear los procesos de externalización en servicios esenciales que se han realizado en Cataluña y evaluar su idoneidad servicio a servicio: allá donde la externalización sea problemática, habría que crear convenios con entidades arraigadas en el territorio o internalizar los servicios desde la Administración.

Por último, hace falta no olvidar que muchos de los déficits de las curas locales vienen dados por nuestro propio sistema económico, basado en la productividad y la creación de riqueza material por encima de las necesidades sociales. En este sentido, la reducción de la jornada laboral de las familias trabajadoras, la ampliación de servicios universales, y un cambio en los usos de los tiempos son pasos importantes para aumentar y redistribuir la capacidad de la sociedad de cuidar de las personas grandes.