Una persona trabajadora en Cataluña tendría que invertir, como mínimo, el 30% de su sueldo para comprar un coche eléctrico
El Observatorio DESC publicamos un nuevo informe sobre la viabilidad del modelo de transición energética que apuesta por el vehículo eléctrico privado
Actualmente es extremadamente complicado que una persona con la media de salario en Cataluña pueda acceder a la compra del modelo de vehículo eléctrico más económico del mercado, puesto que para comprarlo tendría que invertir el 30% de su sueldo. Esta es una de las conclusiones del nuevo informe del Observatorio DESC “¿Quien se puede permitir un coche eléctrico en Cataluña?” que analiza la posible implantación de los vehículos eléctricos entre la clase trabajadora a partir de la viabilidad económica, la autonomía de los vehículos y las opciones de carga disponibles actualmente.
Según el informe, los modelos más económicos del mercado actualmente tienen un coste de unos 24.500 euros aproximadamente. Si una persona trabajadora en Cataluña -con una media salarial de 27.100 euros brutos anuales (que equivaldría a unos 1731,1 euros netos) quisiera comprarlo, el más habitual seria financiarlo y dividir el pago en 48 cuotas y, por lo tanto, tendría que pagar unos 511,25 euros en el mes, es decir, casi una tercera parte (29,53%) de su sueldo. Si optáramos a otro modelo de vehículo que no fuera lo más económico del mercado, la cuota ascendería a 1.300,59 euros en el mes, totalmente fuera del alcance de la mayoría de la población catalana trabajadora.
Los puntos de recarga y el retrofit
Otro de los grandes problemas que el informe ha detectado en el modelo de transición hacia el vehículo eléctrico privado lo encontramos en los puntos de recarga. Si bien coches tradicionales pueden hacer más de 1.000 kilómetros entre gasolinera y gasolinera, los eléctricos actuales tienen una capacidad de autonomía limitada, por lo cual es necesario recargarlos cada 424,67 km de media, el doble a veces que un vehículo de combustión (además, por norma general, esta autonomía es menor en el caso de los coches más económicos). Si esto lo sumamos a que la estructura de recarga actual catalana no es muy extensa y está principalmente concentrada a las zonas urbanas y no cuenta con unas tecnologías de recarga homogeneizadas, implica que la movilidad de estos vehículos fuera de la ciudad es muy limitada.
Por otro lado, el informe explora la opción del retrofit, que consiste en el reacondicionamento de un vehículo de combustión en un eléctrico. Esta práctica es casi inexistente en Cataluña puesto que el Estado español no facilita actualmente este tipo de práctica porque no hay una normativa respecto a estos vehículos y, por lo tanto, cada coche transformado se tiene que someter a un proceso de homologación que suele ser bastante confuso y costoso. Con todo, algunas empresas pioneras en el territorio están empezando a tener líneas especializadas al transformar coches de combustión con piezas separadas y, incluso, algunas están empezando a crear kits, siguiendo el modelo que se aplica en países como Francia.
El modelo de transporte sostenible en Cataluña
En Cataluña (como en todo el Norte global) el mercado de la movilidad eléctrica es un sector en alto crecimiento. Se han detectado más de 20 marcas de vehículos y más de 80 modelos de turismos eléctricos de gama media y media-alta a la venta pero que, tal y como hemos descrito, no están al alcance de la mayoría de la población trabajadora. Si bien las políticas de ayudas a la compra de vehículos eléctricos pueden contribuir a equilibrar la balanza, estas subvenciones pueden encontrarse en choque con los objetivos de la administración pública en Cataluña. La Ley de Cambio Climático de 2017 expone claramente la necesidad de «avanzar hacia un modelo de transporte público, colectivo e intermodal que no se base en la tenencia de vehículo privado y que fomente el uso generalizado del transporte público y otras formas de transporte sostenible sin emisiones de Gases invernadero (GEH)». Así las ayudas a las compras de vehículos eléctricos privados, a pesar de que se puedan ver como positivas en términos puramente de emisiones locales de GEH, pueden ir en detrimento de un modelo de transición ecológica que apueste fuertemente por el transporte público y colectivo, un modelo basado en políticas socialmente justas y rentables para todo el mundo.