Las economías de plataforma han revolucionado la manera en que las empresas prestan servicios y venden productos. Las plataformas digitales como Uber, Glovo y Amazon han cambiado la forma en que consumimos y producimos bienes y servicios. En Cataluña y el Estado el 29,95% de las ventas totales de empresas de más de 10 trabajadores se hicieron a través de Internet, y un total de 22,5 millones de personas en España compraron en línea el 2020 y 24,7 millones lo hicieron durante el 2022. Aun así, estos modelos económicos también han dado lugar a vulneraciones de derechos sociales, y tienen un impacto ambiental considerable. Desde el Observatorio DESC hemos analizado estos efectos al nuevo informe “Vulneraciones de derechos sociales e impacto ambiental del consumo digital”, un informe presentado por primera vez el 9 de marzo a la Lleialtat Santsenca de Barcelona por parte de las autoras Marta Ribera, Ayelén Flores y Gisela Torrents y acompañadas de una fila cero formada por Nuri Soto -miembro de la plataforma RidersXDerechos y Mensakas; Tito Álvarez -portavoz de Élite Taxi Barcelona; Adrià Gomila -Director de Servicios de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona- y Clàudia Bosch, técnica de SETEM Cataluña y responsable de la campaña Electrónica Justa.

Las economías de plataforma y la vulneración de derechos sociales y ambientales

El 2018 un 2,6% de la población mayor de 16 años en España trabajaba principalmente en el sector de las economías de plataforma, y esta cifra aumentaba hasta el 18,5% de personas que han trabajado de forma esporádica. A pesar de su peso creciente en el mercado laboral, estas empresas se caracterizan porque a menudo eluden las regulaciones laborales: en Cataluña, la Generalitat y Departamento de trabajo han sancionado a Amazon con multas de 1,1 millones de euros por incumplimiento de la normativa; y Glovo continúa evitando cumplir la “Ley Rider” después de que esta se aprobara hace un año y medio, hecho que ha obligado en el Estado a plantearse cambiar la ley para incluir sanciones penales. 

Otro ejemplo es el escándalo de los Uber Files, la filtración de documentos de la empresa Uber que descubrió las prácticas habituales de la empresa en la hora de introducirse en las ciudades: crear una “tormenta burocrática y legal”, haciendo caso omiso de las regulaciones, y donde el objetivo es crear caos, vulneraciones de derechos, protestas y conflicto. Se describen infiltraciones en las movilizaciones del Taxi, con el objetivo de saber quien eran los principales organizadores (como Tito Álvarez) y asediarlos, creando una narrativa de violencia que condicione la opinión pública hacia estos, y que también incluye encuentros entre lobistas y políticos para promover regulaciones favorables; es el caso de las reuniones con Emmanuel Macron y Pere Aragonès, antes de que los dos ostentaran los cargos de presidencia que tienen hoy en día.

Así mismo, el estudio destaca que las economías de plataforma arrastran las problemáticas del comercio tradicional en en cuanto a las mujeres trabajadoras: la dificultad para conciliar la vida profesional con la personal o bien cuestiones relacionadas con la inseguridad y los abusos por parte de los clientes, todo ello potenciado por la ausencia de protecciones sociales y de la carencia total de responsabilidad por parte de la plataforma, que no las reconoce como trabajadoras propias. 

Por otro lado, el informe analiza el impacto ambiental que tienen estas plataformas en la hora de emitir gases invernadero a la atmósfera y contribuir al cambio climático. Si bien no se detecta una gran diferencia entre el comercio en línea y el tradicional en el transporte de ”última milla” (es decir, la ruta desde el almacén hasta casa o bien a la tienda), el estudio destaca que el verdadero problema se encuentra en su origen de estos productos, que se producen en países que quizás tienen normativas más laxas en la hora de proteger el medio ambiente: en el caso de España, el 54% de compras en el extranjero se hicieron en China -el país con más emisiones el 2021- a través de Aliexpress o Amazon. Esta última, además, admite que el 2021 emitió 44 millones de toneladas de CO₂, el equivalente a la huella de carbono de Dinamarca o Eslovaquia el 2018.

Las Administraciones, un elemento clave en la solución

En definitiva, el modelo de negocio de las economías de plataforma no garantiza la estabilidad de los ingresos ni la inversión en pensiones; niega la dependencia laboral de las personas que trabajan, incrementa los riesgos en salud y seguridad e impide la formación y desarrollo de carreras profesionales. El estudio apunta a una serie de recomendaciones para compensar el efecto de estas empresas y garantizar los derechos económicos, sociales y ambientales: en primer lugar, estudiar la relación entre estas empresas y las inversiones de alto riesgo y restringirlas, si fuera preciso, en los casos donde se produzcan vulneraciones de derechos; en segundo lugar, el estudio destaca que es imprescindible regular estas actividades y dotarse de un régimen sancionador amplio y efectivo para hacerla cumplir, todo esto sin olvidar incluir la perspectiva de género, especialmente relevante en aquellas empresas que se encargan de tareas de curas. En tercer lugar, apunta a la necesidad de estudiar mejor cómo actúan estas empresas, especialmente en relación en los encuentros con políticos: en este sentido, se apela directamente en el Congreso de los Diputados para que cumpla con sus obligaciones en en cuanto a transparencia y desarrolle una normativa que regule esta práctica. 

Por último, el informe destaca la acción de las Administraciones en la hora de impulsar iniciativas como el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos -un organismo el objetivo del cual es estudiar, regular y sancionar en aquellos casos donde las empresas catalanas vulneren derechos- o bien facilitando el desarrollo de alternativas a las economías de plataforma en el marco de la economía social y solidaria, particularmente desde la compra pública.