Es esta coalición la que puso, por primera vez en la agenda, la necesidad de implicar a los promotores inmobiliarios para aumentar el parque público de vivienda en Barcelona en medio de una cruenta emergencia habitacional. Ha sido esta coalición la que ha liderado el proceso desde el principio y ha hecho presión para que los grupos municipales tomaran conciencia de que es necesario emprender medidas inmediatas para aumentar el parque público de vivienda que actualmente no supera el 1,5%, muy lejos de la media europea (alrededor del 20%).

En este proceso de más de 4 meses, las entidades sociales hemos aportado propuestas técnicas y fórmulas jurídicas que hemos compartido con todos y cada uno de los grupos municipales en un espacio de trabajo conjunto, para conseguir un amplio consenso respecto al fondo de la medida y para evitar batallas entre partidos. Este grupo, donde participan todas las formaciones políticas, se ha reunido hasta tres veces en el último mes y la información ha estado siempre al alcance de todos ellos de forma transparente. 

A pesar de que no aparecía en la moción original que presentamos y se aprobó en el Pleno el pasado 23 de febrero, la posibilidad de activar una suspensión de las licencias hasta la aprobación definitiva, era un elemento importante para evitar que algunos operadores esquiven la obligación pidiéndolas antes de la misma. No obstante, los grupos de ERC y el PSC la rechazaban, de forma que la mayoría simple necesaria para aprobar la propuesta no era viable. Ante esta negativa, desde el Grupo Promotor hemos valorado que era más importante  poder activar la medida del 30% el mes de septiembre con su aprobación final, que no acabar con un bloqueo a su aprobación inicial. Las entidades promotoras hemos entendido que la aplicación de estas medidas era prioritaria , y no queríamos que los vecinos y vecinas vieran rechazadas sus reclamaciones.

En consecuencia, desde el Grupo Promotor hemos exigido que la aprobación definitiva sea en septiembre y en los términos que presentamos en la moción (porcentaje del 30% en edificaciones de más de 600 m2), motivo por el cual hemos pedido a los partidos políticos favorables que firmen el compromiso que lo recoge. Hasta ahora, Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Catalunya lo han firmado. Exigimos al resto de partidos que se comprometan con urgencia.

En los últimos días, algunos de los lobbies más poderosos del sector inmobiliario -lejos de asumir responsabilidades- han activado fuertes presiones que atendían a sus intereses privados y no al interés general. Lo han hecho en base a falacias y miedos infundados, sin considerar los informes que hemos ido presentando. Ha sido el trabajo de las organizaciones ciudadanas hasta el último minuto lo que ha permitido obtener una mayoría absoluta, por encima de la mayoría simple necesaria para aprobar la medida.

Ahora bien, a partir de hoy será más importante que nunca el apoyo de la sociedad civil, asociaciones vecinales, entidades del tercer sector social y sindicatos para conseguir una aprobación definitiva de la medida lo antes posible. La modificación del planeamiento que hoy se ha aprobado por primera vez entra ahora en el período de alegaciones previas a su aprobación definitiva el mes de septiembre. Durante estos meses, promotoras e inmobiliarias se volverán a movilizar para presionar a todos los grupos políticos. Será absolutamente imprescindible construir una coalición vecinal y ciudadana muy robusta para fiscalizar a los partidos, ganar el pulso a los lobbies y asegurar que los grupos políticos obedecen al vecindario garantizando el derecho a la vivienda. 

Hoy damos el primer paso importante en una medida histórica, que ya existe en otros países pero que en el caso de Cataluña se aplicará por primera vez en Barcelona. Es el principio de un cambio que hay que extender a todos los municipios de Cataluña.

Celebramos esta victoria de la ciudadanía organizada. No permitiremos que, fruto de presiones de los poderes económicos y de batallas partidistas, se eche por la borda una oportunidad histórica para hacer real el derecho a la vivienda.